Este 28 de abril la Corte Constitucional convocó la tercera sesión de seguimiento de la Sentencia SU-020 que declaró un estado de cosas inconstitucional en las garantías de seguridad para la población firmante del acuerdo de paz.
En esta sesión la Corte convocó a gobernadores, alcaldes y representantes de los firmantes para expliquen qué han hecho para proteger a esta población.
En esta ocasión, la magistrada Cristina Pardo pidió un minuto de silencio por la población firmante que ha sido asesinada en los últimos años y aseguró que el primer trimestre del 2025 ha sido el más violento para esta población desde que se firmó el acuerdo de paz.
“De hecho, en 2022 la tendencia de victimización presentaba una disminución significativa. No obstante, según los datos de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP e incluso del Ministerio del Interior, en comparación con el mismo periodo del año anterior, durante los primeros 90 días de 2025 se presentó un incremento del 67% en los homicidios, del 300% en los desplazamientos forzados masivos y del 900% en los casos de desaparición”, indicó Pardo.
Asimismo, la Sala resaltó la crisis humanitaria que atraviesa el Catatumbo.
“Se ha documentado el homicidio de seis firmantes de paz durante el mes de enero de 2025 en el departamento de Norte de Santander, así como la desaparición de al menos siete firmantes más”, indicó Pardo.
Por su parte, Raúl Rosende, jefe de la misión de verificación de la ONU, dijo en la Corte Constitucional que el principal obstáculo para la implementación del acuerdo de paz es el asesinato de los firmantes.
“Estamos hablando de personas que tomaron la decisión de someterse a la legalidad, hacer dejación de armas, hicieron dejación de armas de una manera efectiva en el 2017. Estamos hablando también de personas que en su gran mayoría han sido comparecientes de la JEP, o sea que estaban en tránsito, no solamente en tránsito socioeconómico, sino en tránsito jurídico a la legalidad. Sin embargo, el hecho de que sus vidas hayan sido interrumpidas pone de manifiesto la gravedad de la situación”, dijo el enviado especial de la ONU.
Por otro lado, Diego Tovar, firmante del acuerdo de paz, reiteró que la situación de inseguridad se extienda a firmantes de todos el país.
“Hay un mecanismo que se creó en el Acuerdo de Paz que se llama el CICET, que se ha mencionado ampliamente aquí en la audiencia, que está hecho precisamente para articular al Estado colombiano de cara a brindar medidas efectivas y reales de seguridad en los territorios, que es precisamente lo que hemos evidenciado que no está funcionando por toda la falta de coordinación institucional que ha caracterizado el último periodo de gobierno”, indicó el firmante.
