Fallo rechaza violación al derecho de protección de niñas y niños que fallecieron en los hechos. En uno de los fallos más duros contra Colombia en su historia, la Corte Interamericana de Derechos Huamnos condenó al Estado por la muerte de 17 civiles, seis de ellos menores de edad, en el caserío de Santo Domingo (Arauca), durante un combate con las Farc en diciembre de 1998.
Además, en una decisión inédita, el tribunal le ordena al Estado colombiano realizar Ā«un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechosĀ». Este debe realizarse en los próximos seis meses y debe ser transmitido por medios radiales y televisivos en Colombia.
La Corte, como lo había anticipado EL TIEMPO hace dos semanas, considera que los civiles murieron como Ā«consecuencia de la explosiónĀ» de una bomba tipo Cluster arrojada desde uno de los helicópteros de la Fuerza Aérea. (Lea sentencia completa aquí).
El Estado colombiano sostiene que la bomba no cayó sobre el caserío sino que la explosión que mató a los 17 pobladores fue la de un camión bomba que las Farc tenían en el lugar y que se activó accidentalmente. El piloto y el copiloto del helicóptero fueron condenados a 30 años de prisión por el Tribunal Superior de Bogotá, y su caso está en apelación ante la Corte Suprema.
“Los daños producidos por el lanzamiento de una bomba de racimo son imputables a la Fuerza Aérea y por tanto el Estado es responsable(…) Ā«Dada la capacidad letal y precisión limitada del dispositivo utilizado (la bomba), el lanzamiento del mismo en el casco urbano del caserío de Santo Domingo o cerca de ahí era contrario al principio de precaución reconocido por el Derecho Internacional HumanitarioĀ», dice la sentencia.
Además de las muertes, los jueces consideran que Ā«hubo actos de ametrallamiento por parte de la FAC contra la población civilĀ», que la operación provocó un desplazamiento forzado y además, que la misma violó el derecho a las medidas de protección especiales que, según los convenios internacionales, tenían los menores fallecidos en los hechos.
Ā«La Corte declara la responsabilidad del Estado por la violación del derecho a la vida en perjuicio de las personas fallecidas en Santo Domingo, así como del derecho a la integridad personal en perjuicio de los heridos”, dice el fallo, que tiene 110 páginas.
El Tribunal no ordenó reparaciones económicas para las víctimas que ya fueron indemnizadas por la justicia colombiana, pero dejó la posibilidad de que las que no hayan sido reconocidas reciban los reconocimientos del caso. Además, asegura que la justicia ha cumplido con su obligación de investigar y castigar a los responsables.
FAC pide absolución de pilotos vinculados al caso
Hace apenas unos días, el comandante de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) Tito Saúl Pinilla, pidió que se tengan en cuenta las pruebas que, según él, demuestran la inocencia de los uniformados involucrados en este caso.
Ā«El Pueblo colombiano tiene que ver un fallo de un juez de Arauca que responsabiliza a ‘Grannobles’, de las Farc, de la explosión de un carro bomba en Santo Domingo (Arauca) y de la muerte de unos civilesĀ», dijo Pinilla.
Agregó que Ā«el país debe tener la certeza y la seguridad de que nuestros pilotos actuaron de manera legítima en una operación en donde fueron requeridos para apoyar a unas tropas de superficie que ya llevaban algunos soldados asesinados por las Farc y que ya tenían algunos civiles al lado. Yo tengo la tranquilidad y la confianza de que las pruebas recaudadas actúen de manera favorable a nuestros hombresĀ».
Por los hechos a los que hace referencia el comandante de las FAC, hay dos pilotos de esta institución condenados, responsabilizados de una bomba que cayó sobre el caserío de Santo Domingo. En su defensa, el Gobierno ha dicho que fue la explosión de un carro bomba de las Farc la que mató a los civiles. Por este hecho fue condenado alias ‘Grannobles’ de esa guerrilla.
El pronunciamiento de las FAC se dio unas semanas después que terminaron las sesiones ordinarias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH )en las que se examinó la demanda que ONG interpusieron contra el Estado por la muerte de civiles el 13 de diciembre de 1998 en Arauca.
