El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgado a los venezolanos en 2021.
La secretaria de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), Kristi Noem, anunció oficialmente que no extenderá la protección otorgada por el Gobierno del presidente Joe Biden (2021-2025) a cerca de 250.000 venezolanos y que expira el próximo 10 de septiembre.
El TPS otorga un permiso de trabajo y protege a los beneficiados de la deportación.
Matthew Tragesser, portavoz del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), explicó que: “dado el importante papel de Venezuela en el impulso de la migración irregular y el claro efecto de atracción que genera el Estatus de Protección Temporal (TPS), mantener o ampliar el TPS para los ciudadanos venezolanos socava directamente los esfuerzos de la Administración Trump por asegurar nuestra frontera sur y gestionar la migración eficazmente”.
“Al sopesar la seguridad pública, la seguridad nacional, los factores migratorios, la política migratoria, las consideraciones económicas y la política exterior, permitir que los ciudadanos venezolanos permanezcan temporalmente en Estados Unidos no beneficia a Estados Unidos”, agregó.
Noem determinó que las condiciones en Venezuela ya no cumplen con los requisitos legales del TPS y es necesario ponerle fin porque extender el amparo está en contravía del interés nacional.
¿En limbo legal?
La decisión se da después que el Tribunal del Noveno Circuito de Apelaciones de Estados Unidos ratificó el viernes pasado el fallo de un juez federal que concluyó que el fin del TPS para aproximadamente 600.000 venezolanos, incluidos los afectados por la decisión de hoy, es ilegal.
La querella legal busca proteger a dos grupos de venezolanos amparados por el TPS otorgado por el expresidente Biden, los de 2021, unos 250.000, y los beneficiarios de la extensión de 2023, unos 350.000.
El panel de tres jueces de apelación respaldó de forma unánime al juez Edward Chen del Tribunal de Distrito Norte de California, que examina una demanda entablada por la Alianza Nacional TPS y siete inmigrantes venezolanos afectados por la cancelación del amparo ordenada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en febrero pasado y que en ese momento afectó directamente a 350.000 venezolanos a los que se les terminó el amparo en abril pasado.
El fallo del Noveno Circuito reconoció además que los venezolanos afectados por la cancelación del TPS enfrentan graves perjuicios como la pérdida de empleo, la separación familiar, la detención y la deportación, según la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), que representa a los demandantes.
Se espera que Chen entregue una resolución en los próximos días, lo que podría congelar la decisión del Gobierno Trump.
