El diario El Tiempo reveló detalles de un documento judicial divulgado en Estados Unidos que volvió a centrar la atención en la frontera entre Colombia y Venezuela y en el presunto papel de altos funcionarios del chavismo en actividades relacionadas con el narcotráfico.
Se trata de un indictment —acusación formal presentada ante la justicia estadounidense— hecho público el sábado 3 de enero de 2026, el mismo día en que Estados Unidos llevó a cabo una operación militar que derivó en la captura de Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano.
El documento señala directamente a Diosdado Cabello Rondón, ministro del Interior, Justicia y Paz de Venezuela y considerado uno de los hombres más influyentes del chavismo, por supuestos viajes a zonas fronterizas donde habría sostenido contactos con estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN) para garantizar el tránsito de cocaína desde Colombia hacia territorio venezolano.
Según la acusación presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, estos desplazamientos se habrían realizado hacia áreas estratégicas de la frontera colombo-venezolana, caracterizadas por la presencia histórica de grupos armados ilegales y por la existencia de corredores utilizados para el tráfico de drogas.
El expediente judicial ubica a Cabello como un actor relevante dentro de una red de narcotráfico de alcance regional, en un contexto político marcado por la crisis venezolana tras los hechos del 3 de enero. A partir de ese momento, las autoridades estadounidenses hicieron públicos varios procesos que involucran a figuras centrales del poder chavista.
La investigación advierte que el caso tiene impacto directo en Colombia, teniendo en cuenta los más de 2.200 kilómetros de frontera compartida. En ese territorio, la Fiscalía estadounidense sitúa los presuntos desplazamientos del funcionario venezolano a zonas donde el ELN habría mantenido control territorial y operado pistas aéreas clandestinas.
Uno de los apartes más relevantes del indictment señala que “Cabello Rondón viajaba regularmente a pistas aéreas clandestinas controladas por el ELN cerca de la frontera entre Colombia y Venezuela para garantizar el paso seguro continuo de la cocaína por territorio venezolano”. Desde esas pistas, añade el documento, la droga habría sido enviada al exterior mediante vuelos con aval de funcionarios militares o a través de rutas clandestinas diseñadas para evadir controles en Sudamérica y Centroamérica.
Para la justicia estadounidense, estos elementos indicarían que Cabello no habría actuado como un intermediario distante, sino que habría supervisado directamente la operatividad de las rutas y la relación con la guerrilla. El esquema, según la acusación, se habría mantenido durante varios años.
El documento también menciona que a finales de 2024 traficantes colombianos discutieron con un asociado de Cabello planes para continuar el tráfico de cocaína a través de Venezuela. Esta referencia coincide con el periodo en el que el Gobierno de Gustavo Petro adelantaba negociaciones de paz con el ELN, hoy suspendidas. Aunque el expediente no evalúa ese proceso, sí plantea una coincidencia temporal entre los diálogos y la continuidad de las economías ilícitas.
Finalmente, el indictment señala que entre 2022 y 2024 se mantuvieron los presuntos viajes a pistas clandestinas y que en 2025 narcotraficantes colombianos habrían discutido la continuidad de las rutas con personas cercanas al funcionario venezolano.
En paralelo, Nicolás Maduro deberá comparecer ante una corte federal de Nueva York, y desde esa misma instancia judicial se requiere a Diosdado Cabello, ambos señalados como presuntos jefes de una red de narcotráfico que, según la acusación, habría operado durante cerca de 25 años, bajo la denominación del llamado Cartel de los Soles.
