Durante una audiencia pública en la Comisión Cuarta del Senado de la República, los gremios que representan a los distribuidores minoristas de combustibles en Colombia expresaron su preocupación frente a los efectos que podría tener la reforma laboral en el sector combustible.
Por su parte la Confederación de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos (COMCE) y la Federación Nacional de Distribuidores de Combustibles y Energéticos (Fendipetróleo) advirtieron que los costos laborales se elevarían drásticamente, lo que pondría en riesgo la estabilidad de más de 50.000 empleos formales directos en los cuales trabajan en los más de 6.400 estaciones de servicio que se encuentran en funcionamiento en el país.
“Nuestro sector es fuente de empleo directo, especialmente para jóvenes entre los 18 y 25 años, y también para mujeres, muchas de ellas madres cabeza de familia, además cerca del 46% de nuestras estaciones de servicio vinculan a 10 trabajadores o menos, siendo clasificadas como microempresas en el sector comercio, de acuerdo con su volumen de ventas”, aseguró el gremio.
El gremio afirmó que, en lugar de endurecer los costos laborales, el país debe centrarse en reducir la informalidad que hoy afecta al 60% del mercado laboral con medidas que promuevan relaciones contractuales más flexibles y sostenibles para los trabajadores en el país.
“No se va a generar más empleo en nuestro sector, sino que promoverá la automatización de servicios en las EDS y el autoservicio en algunas regiones del país, con el efecto negativo que esto genera en el mercado laboral”, advirtió el gremio COMCE y Fendipetróleo.
Los gremios solicitaron modificaciones puntuales al articulado de la reforma, como:
- Incluir al sector de estaciones de servicio en la excepción al límite de trabajo suplementario, dado que también operan 24/7 como otros servicios esenciales.
- Establecer un plazo perentorio para respuestas de inspecciones laborales, frente a solicitudes de terminación de contratos con justa causa.
- Reducir los tiempos para el debido proceso disciplinario, especialmente en casos de flagrancia.
- Aplicar excepciones o gradualidades en recargos y licencias remuneradas, para evitar un impacto negativo en la competitividad del sector.
