La Unidad para las Víctimas revela los hallazgos de la autoría forense que fue solicitada por la directora de esta entidad, Patricia Tobón Yagarí, por las irregularidades que encontró en el manejo de los inmuebles administrados por el Fondo para la Reparación a las Víctimas.
Se pudo identificar que esos malos manejos entre 2018 y 2022 causaron un detrimento en recursos para los afectados del conflicto armado en Colombia por más de 4.200 millones de pesos. No se consideró el área total de los inmuebles a la hora de calcular los valores de los arriendos de esos inmuebles, que en algunos casos no llegaban ni a los 100 mil pesos. Eso causó la perdida de 3.786 millones de pesos.
Sabiendo que los valores de los arriendos no eran los reales fueron avalados por los mismos funcionarios del Fondo para la Reparación a las Víctimas, faltando al principio de transparencia en los procesos de arrendamiento.
También se identificó que entre 2018 y 2022 grupos de contratistas variaron los nombres de sus empresas para acaparar los contratos, superando los 84.000 millones.
Que se realizaron estimaciones de cánones de arrendamiento sin verificaciones ni labores de campo. “Al no realizar visitas a los predios, sus estimaciones carecen de soporte y veracidad porque desconocen las condiciones físicas y productivas de estos. En consecuencia, el método utilizado para el cálculo carecía de soporte”, dice el informe de la auditoría.
Todo esto dice la auditoria fue posible por la ausencia de control y transparencia en los procesos de contratación y prestación de servicios.
LOS CONTRATOS QUE PRESENTAN ANOMALÍAS
Contrato 131 del 30 de julio de 2018, el cual se firmó con la Unión Temporal Geopass por un valor de 2.981 millones de pesos ($2.981.743.400) y que tuvo como objeto el saneamiento físico de bienes del Fondo para la Reparación. Sobre este punto, la auditoría indica que “no se realizó un trabajo juicioso de supervisión” y que se pagaron entregas por un valor de 1.200 millones de pesos, “sin un avance real del objeto contractual”.
Contrato 096 del 23 de julio de 2020, por un valor de 4.000 millones de pesos ($4.216.497.726). Se registró que, en los primeros siete días, paralelo a la fase de planeación, se realizaron 40 diagnósticos prediales por un valor de 292 millones de pesos ($292.725.240), “sin que existiera evidencia real del cumplimiento de esta actividad, los anexos del contrato no se corresponden con los informes de actividades y supervisión que dieron sustento a los pagos”.
Respecto al contrato No. 097 del 9 de agosto de 2021, por un valor de 5.200 millones de pesos ($5.200.000.000), en lo que respecta al saneamiento predial de bienes inmuebles del Fondo para la Reparación a las Víctimas, se encontró que dos meses después de haber concluido el contrato, este fondo contrató con las mismas personas jurídicas con dos actividades sin fundamento. En la auditoría se cuestiona por qué se firmó un contrato para actualizar los diagnósticos prediales que las mismas empresas habían realizado el año anterior.
ACCIONES DE LA UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS
Esta entidad ha hecho una identificación y estado real de los bienes que administra el Fondo. Se realizaron visitas en terreno para determinar el número de los inmuebles que administra. Hoy se cuenta con 1.809 bienes rurales y 1.220 bienes urbanos, estos se tienen que arrendar o vender para tener recursos para la reparación e indemnización de las víctimas del conflicto.
Se han hecho visitas de inspección a estos bienes. 65 visitas en Puerto Boyacá y 53 entre Cáceres, Tarazá y Caucasia entre los meses de junio y octubre del 2023, muchas de ellas acompañadas por fuerza pública, que buscaron la recuperación de bienes que estaban en ocupaciones irregulares (minería ilegal) o que no habían sido administrados presencialmente hasta la fecha. Además, se realizaron 624 recepciones de bienes inmuebles.
Actualmente se cuenta con 87 puntos de seguridad que atienden 199 bienes con mayor riesgo en la administración. Se logró recuperar 425 predios.
Se logró tener al día en cánones de arrendamiento 68 de los 163 contratos que presentaban mora al 2023. Este mismo año y durante lo corrido de este 2024, se han adelantado acciones de formalización de los bienes, que han permitido la recuperación de aproximadamente 1.970 millones de pesos.
Reconstrucción, recuperación y custodia de archivos y expedientes de cada bien porque estaban solo en archivos físicos sin garantía de la conservación de la información jurídica, financiera y catastral de estos bienes.
La Unidad para las Víctimas a través del Fondo para la Reparación a las Víctimas también se han adelantado acciones para acelerar la comercialización de los bienes y lograr el proceso de indemnización efectiva de las víctimas reconocidas en los fallos de Justicia y Paz.
