Para el Viceprocurador General de la Nación , Silvano Gómez Strauch, el abierto desacato del Presidente de la República, Gustavo Petro, y del Canciller, Álvaro Leyva Durán, a la decisión adoptada por el órgano de control en una investigación disciplinaria atenta contra el Estado de Derecho, la Constitución y la ley, además de sentar un nefasto precedente que pone en riesgo la estabilidad institucional.
“Nuestra Constitución Política establece un marco imperativo que rige la estructura del Estado y la designación de sus autoridades y órganos de control. Por lo tanto, estas, actuando en representación de los ciudadanos, tienen el deber de cumplir y hacer cumplir la Carta Política y las leyes, pues ese es el fundamento sobre el cual descansa el Estado de Derecho”, expresó.
Agregó que si esas mismas autoridades elegidas democráticamente desvían su conducta de esos principios, debilitan la Constitución, erosionan las bases de su legitimidad, entran en el ámbito de la arbitrariedad y en el deterioro del orden jurídico.
“La Procuraduría General de la Nación ratifica que, como órgano de control y representante de la sociedad, es la responsable de la defensa del ordenamiento jurídico y de su acatamiento por parte de todos los servidores públicos”, puntualizó.