La Procuraduría General de la Nación, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas advirtieron, que la política de víctimas se encuentra en un escenario de incertidumbre sobre su financiación, sus nuevas metas y la atención a poblaciones cuya vulnerabilidad ha aumentado durante la emergencia por la COVID -19.
Por su parte, el procurador Fernando Carrillo, aseguró que este balance fue lamentable. «Un escenario de aumento de la vulneración de los derechos con los líderes sociales, líderes comunitarios, los defensores de derechos humanos, lo cual no es un secreto para nadie y eso afecta indiscutiblemente este balance que estamos haciendo», dijo.
Blasney Mosquera, líder del Chocó, se refirió a estos hechos. «Cada día es más preocupante porque el Proceso de Paz sigue, como dice uno, inactivo en el territorio y aún seguimos nosotros cada día colocando más muertes en esta escena de nunca acabar», aseguró.
Las Comisiones de Seguimiento advirtieron que por la crisis derivada de la pandemia puede que un porcentaje significativo del 1 ‘813.644 víctimas que habían mejorado sus condiciones en 2019, vean deteriorada en este año su situación socioeconómica, volviendo a vivir en condiciones de pobreza y pobreza extrema.
Por eso para las comisiones, es fundamental que el Gobierno Nacional ante la contingencia adopte urgentemente correctivos y medidas especiales, que mitiguen el impacto de la pandemia en las víctimas y los previsibles retrocesos en su estabilización socioeconómica.
