El Representante a la Cámara por el Centro Democrático, Hernán Cadavid, denunció a la fiscal general Luz Adriana Camargo ante la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes, tras conocerse del presunto entramado de corrupción entre las disidencias de alias ‘Calarcá’, un general del Ejército y un funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia.
La denuncia fue presentada por el presunto delito de prevaricato por acción y omisión y según argumentó el congresista, la fiscal debe ser investigada tanto por:
Haber expedido una directiva que suspende las ordenes de captura a voceros de organizaciones criminales.
Como por no haber apertrado una investigación por la información que se encontraba en los dispositivos que fueron incautados luego del operativo que se adelantó en julio de 2024 cuando una caravana con siete jefes de las disidencias que era custodiada por integrantes de la Unidad Nacional de Protección y fue detenida en un retén del ejército en Anorí, Antioquia.
“Desde esa época dichas evidencias se encuentran en manos de la Fiscalía General de la Nación sin que haya sucedido absolutamente nada y sin que se hayan levantado las suspensiones de las ordenes de captura, absteniéndose de capturar a los delincuentes que como consecuencia de omisión se han tomado al Estado colombiano”.
Ante esto Cadavid solicitó a la Comisión que determine cuáles han sido las acciones concretas de investigación y judicialización emprendidas a partir de la información hallada en dichos archivos, qué acciones ha tomado la Fiscalía para investigar el presunto “pacto de no agresión entre la fuerza pública y las disidencias en tres territorios: Catatumbo, Antioquia y Sur de Bolívar”, y cuál es el porcentaje de avance y la “razón de la dilación, a pesar de que la noticia afirma que el material lleva más de un año en la Fiscalía”.
Pidió el representante además que se certifique si a la fecha existe alguna investigación formal o indagación Juan Miguel Huertas y Wilmar Mejía, actual Jefe del Comando de Personal del Ejército y funcionario de la DNI, respectivamente, por su presunta participación en reuniones con jefes de disidencias en Colombia y Venezuela.
