En Arauca, hay reporte de cinco colegios ocupados por los manifestantes, lo cual ha impedido el desarrollo normal de las clases, a la vez que se registra cierre en el comercio y suspensión en el servicio de transporte.
Con motivo del Paro Nacional Agrario convocado por representantes de las diferentes dignidades que hacen parte de ese sector, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, dijo que en virtud de las garantías constitucionales y la legitimidad que ampara el derecho a la protesta, es menester de las autoridades y en particular de la Fuerza Pública, ofrecer las condiciones necesarias para que las manifestaciones se lleven a cabo.
Sin embargo, el funcionario hizo un llamado para que el desarrollo de la protesta no signifique afectación a los derechos de quienes no participan del paro y mucho menos del grueso de los ciudadanos y pobladores, quienes ajenos a la parálisis ven restringida su cotidianeidad.
“En este sentido exhorto a los líderes del paro agrario para que realicen una protesta pacífica y no acudan a vías de hecho como el taponamiento de carreteras, la agresión a vehículos particulares o de transporte de pasajeros y la intimidación a quienes mantienen su actividad normal, evitando así confrontaciones con la Fuerza Pública y con otros ciudadanos”, afirmó Otálora Gómez, al reiterar la disposición de la Defensoría para brindar acompañamiento en los puntos que sea necesario desde su papel como garante de los derechos humanos.
No obstante la aparente normalidad en la mayoría de las regiones del país, la Entidad tiene reportes del departamento de Arauca, en los municipios de Saravena y Tame, donde respectivamente se presentan concentraciones de 2.000 y 1.500 campesinos, quienes de acuerdo con la información remitida por la Regional permanecen en los colegios Inocencio Chincá, San Antonio, Froy Lan Farías, Rafael Pombo y la Concentración de Desarrollo Rural, donde las clases fueron suspendidas, el comercio se encuentra cerrado y el servicio de transporte interrumpido.
Por estos hechos y por la significativa reducción en la oferta de buses y colectivos en otras zonas del país como el departamento de Boyacá, donde entre la noche y la madrugada se reportaron algunos vehículos averiados, el Defensor del Pueblo reiteró su solicitud para que no se involucre a quienes no hacen parte de la protesta, y mucho menos a los niños, niñas y adolescentes, cuyos derechos (entre ellos el de la educación), tienen que ser garantizados y protegidos por el Estado y los mismo manifestantes.
