Ante la nueva escalada de hechos de violencia que se vienen registrando en el nororiente del país, particularmente en los departamentos de Norte de Santander y Arauca, la Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por las infracciones a las normas de los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario en estos episodios, y exhortó a las autoridades a ajustar los planes de prevención en esas y otras regiones del país, donde la presencia de los grupos armados ilegales pone en riesgo a las comunidades.
La entidad rechazó la manera como fueron emboscados hombres del Ejército Nacional en el corregimiento Aspasica del municipio de La Playa de Belén, en Norte de Santander, donde delincuentes activaron varias cargas explosivas al paso de tres motocicletas, uno de cuyos ocupantes resultó incinerado y otro desmembrado producto del ataque cerca de una estación de combustibles conocida como Santa Catalina. De acuerdo con el reporte oficial, en el sitio fueron asesinados dos miembros de las Fuerzas Armadas y un civil.
Simultáneamente, la Defensoría del Pueblo lamentó que de nuevo la guerrilla, en este caso del ELN (según los reportes de la Fuerza Pública), desconozca los principios del DIH e involucre a la población civil, como sucedió en Fortul, donde presuntos integrantes del frente Domingo Laín lanzaron artefactos contra la base militar de esa localidad araucana, ocasionando heridas a un adulto (candidato al concejo municipal), y dos niños trasladados a Saravena, además de una mujer embarazada, quien fue afectada emocionalmente.
La Defensoría recomendó a los organismos de seguridad del Estado fortalecer las estrategias de vigilancia y control en ambas regiones y en otros 27 departamentos, donde la Institución ha identificado situaciones de riesgo por la presencia y el accionar de las estructuras ilegales, máxime cuando se avecinan las elecciones regionales de octubre.
