Ante el grave impacto del conflicto armado en el municipio de Tame, la Defensoría del Pueblo impulsa junto a la comunidad y autoridades locales la promoción de diez mínimos humanitarios, con el fin de garantizar la protección de la población civil en esta zona del piedemonte llanero, una de las más golpeadas por la violencia en los últimos años.
Según cifras oficiales, cerca de 196.000 personas han sido víctimas del conflicto armado en Arauca desde la implementación de la Ley de Víctimas (Ley 1448 de 2011) hasta abril de 2025. Del total, 166.217 sufrieron desplazamiento forzado; 23.611 fueron víctimas de homicidio; 24.510 recibieron amenazas; y 8.864 fueron sometidas a confinamientos. También se reportan 5.980 casos de desaparición forzada y 3.070 de pérdida de bienes.
En lo corrido de este año, la Defensoría ha documentado 52 homicidios y 25 secuestros, muchos de ellos atribuidos a acciones del ELN y grupos disidentes.
Ante esta situación, el organismo de control exhortó tanto a los grupos armados ilegales como a la Fuerza Pública a respetar los principios del Derecho Internacional Humanitario (DIH). El llamado incluye el respeto por la vida de la población civil, la prohibición del uso de minas antipersonales, el rechazo al reclutamiento forzado de menores y la protección de liderazgos sociales y misiones médicas.
Los 10 mínimos humanitarios promovidos por la Defensoría:
- La vida es sagrada: ningún actor armado debe atentar contra la población civil.
- Respetar a liderazgos sociales y defensores de derechos humanos.
- No utilizar minas ni trampas explosivas.
- Respetar a comunidades campesinas, indígenas, afro y OSIEGNH.
- No a la violencia sexual ni al uso de mujeres como botín de guerra.
- Prohibición absoluta de la desaparición forzada.
- No al reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.
- Respetar y permitir el trabajo de las misiones médicas.
- Protección para personas migrantes y solicitantes de refugio.
- Protección de bienes civiles como escuelas y hospitales.
La Defensoría insistió en que la vida, la dignidad y los derechos de la población deben prevalecer en medio del conflicto, e hizo un llamado urgente a todas las partes para reducir el sufrimiento humano y limitar el impacto de las hostilidades sobre civiles, en especial en zonas rurales como las de Tame.