La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) N.º 015 de 2025 para el departamento del Vichada, tras evidenciar una escalada de confrontaciones armadas entre la disidencia de las FARC conocida como Segunda Marquetalia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). La alerta está focalizada en los municipios de Puerto Carreño, La Primavera, Cumaribo y Santa Rosalía.
Según el informe, el riesgo inminente se origina en la ruptura de la alianza que ambas estructuras ilegales mantuvieron durante dos años, y que llegó a su fin el pasado 3 de agosto. Desde entonces, la disputa por el control de rutas del narcotráfico y la minería ilegal —particularmente de oro y coltán— ha intensificado la violencia en zonas rurales y fronterizas.
La Defensoría advirtió que el recrudecimiento del conflicto ha generado hechos de violencia letal, además de riesgos de confinamiento y desplazamientos masivos, especialmente en sectores como Garcitas, Aceitico y Puerto Nariño. También alertó sobre la instrumentalización de la población civil en labores de apoyo logístico y el posible uso de drones con explosivos.
La entidad señaló, además, la posible incursión de otros grupos armados ilegales, como el Nuevo Estado Mayor Central (línea de “Iván Mordisco”), el Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia (ERPAC) y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), lo que podría agravar las afectaciones a la población.
La ATI establece 18 recomendaciones dirigidas a entidades estatales y gubernamentales, entre ellas los ministerios del Interior, Defensa y Minas y Energía, la Gobernación del Vichada, las alcaldías locales, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Fiscalía General de la Nación, para que activen acciones urgentes de prevención y protección.
Asimismo, la Defensoría hizo un llamado a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat) para coordinar una respuesta efectiva que permita salvaguardar los derechos humanos y proteger a comunidades étnicas, liderazgos sociales, firmantes de paz y, de manera prioritaria, a niñas, niños y adolescentes.
