La Defensoría del Pueblo advirtió sobre los graves riesgos para la población civil tras el anuncio del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de decretar un “paro armado” en los territorios bajo su influencia, el cual entraría en vigencia el 14 de diciembre y se extendería por 72 horas.
Según el pronunciamiento, este tipo de acciones impone restricciones generalizadas a la movilidad y a la vida cotidiana mediante amenazas y coerción, lo que incrementa el riesgo de desabastecimiento y dificulta el acceso a bienes y servicios esenciales, especialmente en regiones históricamente afectadas por el conflicto armado.
La entidad recordó que los denominados paros armados constituyen una forma ilegítima de control territorial y poblacional, cuyos principales afectados son las comunidades civiles. Estas acciones paralizan economías locales, obstaculizan el acceso a salud y educación, y aumentan el riesgo de confinamientos, desplazamientos forzados, amenazas, homicidios selectivos y violencias basadas en género.
De acuerdo con la Defensoría, estas conductas vulneran de manera directa el Derecho Internacional Humanitario (DIH), en particular las normas que protegen a la población civil y prohíben los actos o amenazas de violencia cuyo objetivo principal sea aterrorizarla, conforme al artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949 y al Protocolo II adicional de 1977.
Asimismo, señaló que la imposición colectiva de restricciones bajo amenaza puede constituir castigos colectivos, prohibidos por el DIH, y que ningún actor armado puede atribuirse funciones de autoridad ni establecer normas de convivencia. La entidad enfatizó que impedir el abastecimiento o el acceso a necesidades básicas desconoce la obligación de respetar los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil.
Ante este escenario, la Defensoría del Pueblo informó que activó mecanismos de seguimiento, monitoreo y verificación territorial a través de sus regionales, con el fin de identificar riesgos, acompañar a las comunidades y alertar oportunamente a las autoridades para la adopción de medidas de prevención y protección.
Finalmente, la entidad hizo un llamado urgente al ELN para que se abstenga de ejecutar acciones que pongan en riesgo la vida, la integridad y la dignidad de la población civil, y exhortó a las autoridades nacionales y territoriales a implementar medidas inmediatas y coordinadas que garanticen la movilidad, la seguridad y el acceso a derechos fundamentales, con especial atención a niñas, niños y adolescentes, liderazgos sociales, comunidades étnicas y población en condición de vulnerabilidad.
La Defensoría reiteró que el paro armado anunciado afectará principalmente a la población civil, y no a los actores a quienes supuestamente va dirigido.
