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Defensoría de Pueblo adelantó reunión con empresas petroleas de Arauca

“Nos reunimos con directivos de la empresa Sierracol, que opera en Arauca, para evaluar propuestas que garanticen el mínimo vital de trabajadores y contratistas ante la reciente situación de orden público en el departamento: actos de violencia, extorsión, atentados y amenazas”. Aseguraron desde la Defensoría del Pueblo.

De igual manera manifestaron que también se reunieron con la empresa Parex, cuyos trabajadores, proveedores y contratistas han sido amenazados. Además, han sido objeto de atentados sus activos (oficinas en Saravena), y proveedores.

Así mismo,  la entidad realizó una labor de seguimiento en terreno a varios municipios de Arauca con el fin de verificar de primera mano las afectaciones económicas y sociales que dejan recientes amenazas, extorsiones y acciones violentas contra empresas y comerciantes en ese departamento.

“La violencia en Arauca no solo afecta a los habitantes en zonas rurales alejadas, también golpea las ciudades y la economía. Es imperioso que se frene el accionar de los grupos armados ilegales en este departamento, de por sí ya tan golpeado por la violencia y el escalamiento del conflicto y se permita el desarrollo social y económico de los araucanos”, aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo. 

Se estima que unos 6.000 empleos directos están en riesgo y también pérdidas para los municipios, el departamento y la nación relacionadas con las transferencias al Sistema General de Regalías de hasta 5.000 millones de pesos diarios. 

Ante este escenario, el Defensor del Pueblo les reitera a los grupos armados ilegales frenar las acciones que afectan directa o indirectamente a la población civil, de manera particular frenar sus acciones contra el tejido empresarial de la región, del cual dependen el empleo y el sustento de miles de familias araucanas. 

Por esta razón, un equipo de la Regional Arauca y la Delegada para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), recorrió el departamento para conversar con las autoridades civiles y militares, Gobernación y alcaldías sobre las posibles alternativas que permitan proteger a trabajadores, proveedores y contratistas de todos los sectores económicos de la región. 

Allí la Defensoría del Pueblo también les solicitó a las autoridades territoriales adelantar las gestiones necesarias para atender la difícil situación social y económica, y de esa forma disminuir los impactos negativos para la población. 

Vale la pena recordar que la Defensoría del Pueblo mantiene alertas tempranas vigentes para los 7 municipios del departamento de Arauca, principalmente por cuenta de las disputas territoriales entre los grupos armados ilegales para controlar actividades ilícitas en esta región del país.

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