La Defensoría del Pueblo encendió las alarmas por la crisis que atraviesa el sistema de salud colombiano, especialmente en el acceso a medicamentos, con la presentación de su más reciente informe titulado “Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados”.
El documento advierte que en 2025 la situación se ha vuelto más crítica debido al incremento de barreras, la falta de disponibilidad de medicamentos y el deterioro de la financiación del sistema.
Según el informe, el 90% de los pacientes encuestados no recibió o recibió de forma parcial sus medicamentos, y muchos enfrentaron demoras prolongadas en la entrega. De 3.449 personas entrevistadas, solo el 48% logró resolver su situación entre uno y tres meses después del reclamo.
La Defensoría también reveló un aumento del 34,1% en las tutelas por salud entre enero de 2024 y julio de 2025, y un crecimiento similar (34,2%) en las reclamaciones ante la Superintendencia Nacional de Salud, que ya superan las 685.000 quejas, la mayoría relacionadas con medicamentos del Plan de Beneficios en Salud (PBS).
Entre 2022 y 2025, la entidad recibió cerca de 35.000 quejas por vulneración del derecho a la salud, de las cuales el 80% corresponde a falta de entrega de medicamentos.
El informe advierte que las familias que no acceden a tratamientos podrían destinar hasta el 90% de sus ingresos para adquirir medicamentos, lo que agrava su situación económica y social.
En 2024, las ventas de medicamentos financiados por el sistema de salud crecieron un 17%, pero las unidades vendidas cayeron un 7%, lo que muestra un acceso más limitado y costoso para los pacientes.
Factores estructurales y coyunturales
La Defensoría identificó varias causas detrás de la crisis:
- Retrasos en pagos y deudas entre EPS, IPS y gestores farmacéuticos, que afectan la cadena de suministro.
- Distorsiones logísticas que obligan a los pacientes a recurrir al canal comercial, donde los precios son más altos.
- Barreras administrativas y burocráticas que interrumpen los tratamientos.
- Falta de transparencia en la gestión financiera de las EPS intervenidas.
Además, en el informe queda claro que hay una baja capacidad en la prestación de servicios farmacéuticos, especialmente en zonas rurales y apartadas, donde la conectividad y la dispersión geográfica dificultan el seguimiento de los tratamientos.
Recomendaciones de la Defensoría
Ante este panorama, la entidad hizo un llamado urgente a:
• Diseñar una estrategia nacional de coordinación y diálogo con el sector privado para superar la falta de entrega de medicamentos.
• Implementar mecanismos de seguimiento territorial que vigilen la dispensación y reduzcan las barreras administrativas.
• Fortalecer la rectoría y gobernanza del sistema de salud, garantizando transparencia en la financiación.
• Avanzar hacia una reforma integral del sistema de salud, consensuada y con garantías presupuestarias.
• Incorporar enfoques diferenciales (género, étnico, rural y de salud mental) para lograr una atención integral y equitativa.
Equidad en salud
La Defensoría del Pueblo concluyó que la afectación “es generalizada y regresiva”, y que los problemas de acceso a medicamentos reflejan “una combinación de factores estructurales y coyunturales” que vulneran el derecho fundamental a la salud, especialmente en poblaciones vulnerables.
