La Coordinadora Regional de Derechos Humanos del Centro Oriente Colombiano, entrego a los medios de comunicación un detallado informe sobre situaciones de derechos humanos que se han registrado en el Centro Oriente Colombiano, en el marco de la jornada de Paro nacional, durante los últimos 4 días en municipios de Arauca, Casanare y Norte de Santander
El 3 de mayo de 2014, en horas de la mañana, sobre la diagonal 30 entre calles 19 y 20, aproximadamente a trecientos metros de donde se encontraba la guardia cívica puesta por las comunidades movilizadas en el municipio de Saravena, fue arrojado un artefacto explosivo. Según reportes de las autoridades los responsables de este echo serían miembros del ELN.
El 4 de mayo de 2014, a las 10:00 p.m., miembros de la policía de carreteras en el municipio de cubara-Boyacá, detuvo el paso de 5 buses que se dirigían hacia Pamplona Norte de Santander para unirse a la movilización social. Después de 3 horas de detención, los campesinos decidieron apostarse sobre el puente del rio Cobaría, impidiendo el paso de otros vehículos que circulaban libremente, razón por la cual los policías permitieron el paso aproximadamente a la 1:00 de la mañana.
El 4 de mayo de 2014, en horas de la noche una familia que transitaba en una volqueta en el sector de Cupiagua en el Casanare, denuncian ante los medios de comunicación , haber sido atacados con elementos incendiarios que generaron una conflagración del vehículo. En el hecho murió el señor Jairo David Ayala Carrero, y resultaron gravemente heridos sus dos hijos menores de edad y su esposa Jenny Pinzón.
Los defensores de derechos humanos dicen que denuncian este caso, porque lo consideran muy grave pues hubo pérdidas de vidas humanas y porque inicialmente se quiso relacionar con acciones en el marco de la jornada de movilización pacífica que desarrollan las comunidades en esa parte de la región. Subrayan que este hecho estigmatiza y pone en riesgo la vida, integridad y libertad de los manifestantes y deslegitima su lucha.
Al referirse a hechos ocurrido el 5 de mayo de 2014,responsabilizan a miembros de la policía se agredir a los campesinos Julio Alirio Peña u su hijo Gilberto Peña Conde.
Relata la Coordinadora Regional de Derechos Humanos del Centro Oriente Colombiano que los campesinos fueron abordados por miembros de la policía quienes los requisaron y pidieron documentos, posteriormente los policías entraron a la casa sin ninguna orden de allanamiento y registraron la vivienda donde supuestamente encontraron un revólver, y responsabilizaron de la tenencia de esta arma al señor Gilberto Peña a quien judicializaron por el delito de Porte Ilegal de Armas.
Los Defensores de derechos humanos también denuncian a la policía por ocupar las instalaciones de una escuela en jurisdicción de Saravena; refieren que el 5 de mayo de 2014, a las 3:00 p.m., miembros del Escuadrón Móvil de Carabineros de la Policía Nacional, se instalaron en la escuela Betania a las afueras del casco urbano de Saravena sobre la vía hacia Cubará-Boyacá y fue necesaria la acción oportuna de organizaciones defensoras de Derechos Humanos y organismos de control del estado, para exigir la salida de lo policiales de la escuela, y así, parar con esta clara infracción a las normas de Derecho Internacional Humanitario
Finalmente la coordinadora pide al Estado Colombiano respetar y garantizar los derechos de las comunidades movilizadas y abrir los escenarios para la interlocución y análisis del pliego único. A los órganos de justicia y control, investigar los casos denunciados con el ánimo de castigar ejemplarmente a los responsables y evitar que estos hechos que vulneran gravemente los derechos fundamentales, se sigan presentando.
Coordinadora Regional de Derechos Humanos del Centro Oriente Colombiano integrada por la fundación de derechos humanos Joel Sierra, la corporación social para la asesoría y capacitación comunitaria –COSPACC,coorporación CHOAPO y la fundación de derechos humanos PASOS
