Caracol Radio conoció en primicia el documento con el que la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, responde ante la posible reactivación de tres procesos en su contra por crímenes de lesa humanidad en la Fiscalía General de la Nación. Se trata de las masacres de El Aro, La Granja y el homicidio del defensor de derechos humanos, Jesús María Valle.
Advierten que sin pruebas pretenden acusar al también exsenador en el marco de las elecciones de 2026.
En el oficio se desvirtúan los señalamientos que por cerca de tres décadas han hecho contra el exmandatario.
Masacre de El Aro (1997): episodio del helicóptero
Durante varios años se ha mencionado que un helicóptero de la Gobernación de Antioquia estuvo presente durante la masacre de El Aro, que transportó paramilitares y supervisó el crimen, supuestamente recibiendo órdenes del entonces gobernador de Antioquia (Álvaro Uribe Vélez).
El abogado Jaime Granados, jefe del equipo de defensores del expresidente en diálogo con Caracol Radio, explicó que la realidad procesal es muy diferente.
“Las bitácoras de vuelo oficiales, los peritajes de la Aeronáutica Civil y los testimonios de los pilotos de la Gobernación han demostrado técnicamente que ninguna aeronave oficial estuvo en la zona en las fechas y horas señaladas”, afirmó.
También mencionó que dicha acusación se basa en la recopilación de testimonios de campesinos que entregaron versiones contrarias “bajo el terror; confundieron aeronaves militares o privadas con las de la Gobernación. No existe una sola prueba técnica que vincule a la administración departamental con el transporte de los criminales”.
La masacre de El Aro, ocurrida entre el 22 y el 26 de octubre de 1997, fue perpetrada por más de 150 paramilitares. Murieron al menos 15 campesinos señalados de ser auxiliadores de las extintas Farc. Fue declarada crimen de lesa humanidad.
Granados también dijo que Uribe Vélez no fue un “cómplice omisivo” y recordó que presentó más de 90 quejas ante organismos internacionales sobre el orden público en Ituango y realizó consejos comunitarios constantes en la zona.
Exparamilitar Francisco Villalba Hernández considerado como falso testigo
En el documento construido por la defensa del expresidente se advierte que el exparamilitar dijo que vio a Uribe Vélez en la zona de la masacre felicitando a los paramilitares.
Sobre esto, Granados dijo que “la defensa demostró documentalmente que en las fechas señaladas por Villalba, el entonces gobernador se encontraba atendiendo agenda pública en Medellín y Bogotá, con múltiples testigos y registros oficiales. Villalba fue condenado por la masacre del Naya y sus testimonios fueron desestimados en otras instancias por graves incongruencias”.
Agregó que el testimonio del exparamilitar que ya falleció “es física y temporalmente imposible, un producto de la fábrica de testigos falsos”.
Masacre de La Granja
Ante la posible responsabilidad de Uribe Vélez en la omisión de la masacre ocurrida el 11 de junio de 1996, donde aproximadamente 30 integrantes de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá asesinaron a cinco personas en el corregimiento de La Granja, ubicado en el municipio de Ituango en el departamento de Antioquia, la defensa respondió que Uribe Vélez, quien para esa época era el gobernador, no tenía mando operativo sobre la fuerza pública.
“Como gobernador, Uribe no tenía mando operativo sobre las tropas (artículo 296 de la Constitución de 1991, antes de reformas posteriores). Su función era administrativa. Existen actas de Consejos de Seguridad donde consta que Uribe solicitó insistentemente al Ejército y la Policía reforzar la presencia en la zona. La incapacidad operativa de la Fuerza Pública en un territorio agreste y dominado por las FARC no constituye dolo ni aquiescencia del mandatario civil”, dijo Granados.
Añadió el jurista en Caracol Radio que “Uribe denunció activamente la violencia en la zona. Para la época de los hechos (1996-1997), el Gobernador de Antioquia carecía de mando operativo sobre la Fuerza Pública. La seguridad dependía de la Cuarta Brigada y sus comandantes (Grales. Mora Rangel, Manosalva y Ospina), sobre quienes el ejecutivo departamental no ejercía subordinación militar”.
El homicidio de Jesús María Valle Jaramillo (1998)
Jesús María Valle Jaramillo fue un abogado y defensor de derechos humanos oriundo de Ituango (Antioquia), fundador y presidente del Comité Permanente de Derechos Humanos de Antioquia.
Se destacó por denunciar las masacres de La Granja (1996) y El Aro (1997) y por acusar la cooperación entre paramilitares y agentes estatales en la región. El 27 de febrero de 1998 fue asesinado en su oficina en Medellín por un comando paramilitar; testigos relataron que entraron con violencia, intimidaron a su hermana y le dispararon.
En el documento se advierte que al expresidente lo señalan de ser el instigador del asesinato de Valle.
No obstante, Granados y el equipo de defensa advierten que Uribe jamás tuvo relación con el asesinato del defensor de derechos humanos. También recordaron que los sicarios que perpetraron el crimen estaban cumpliendo órdenes del jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Carlos Castaño.
“No existe ningún nexo causal, orden, grabación o testimonio directo que vincule a Uribe con este crimen. Los autores materiales (banda La Terraza) y los determinadores paramilitares (Carlos Castaño) ya fueron identificados y condenados. La vinculación de Uribe es una construcción política ex post facto que busca elevar la responsabilidad a un “crimen de Estado” sin sustento probatorio. Las diferencias con el defensor de DD. HH. Las observaciones de Jesús María Valle fueron de carácter institucional y conceptual respecto a la situación de Ituango. La Gobernación hizo esfuerzos probados para proteger a diputados de la UP y otros líderes de oposición, lo que contradice el supuesto interés en eliminar voces críticas”, señaló.
Pedro Juan Moreno
Fue secretario de Gobierno en el periodo en el que Uribe Vélez fue gobernador de Antioquia.
Según la defensa, se instrumentalizó al fallecido exfuncionario asegurando que fue el supuesto “enlace” con las AUC y que, al parecer, cumplía las órdenes del excongresista.
Sobre esto, Granados respondió que “Pedro Juan Moreno no puede defenderse. Atribuirle conductas criminales para luego, por vía de inferencia, manchar a Uribe, es una estrategia cobarde y jurídicamente insostenible. La responsabilidad penal es individual. No hay prueba de que Moreno ordenara masacres, y mucho menos de que Uribe lo instruyera para ello”.
Salvatore Mancuso
El exjefe de las AUC estaría relacionando al expresidente Álvaro Uribe Vélez con las acciones paramilitares ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
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Granados aseguró que Mancuso ha cambiado varias veces sus versiones sobre Uribe Vélez entre 2006 y 2012, esto en busca de favorecerse jurídicamente.
“En 2006 y 2012 negó vínculos con Uribe. Es probable que su repentino cambio de versiones pueda coincidir con su necesidad de obtener beneficios en la justicia transicional actual. Es un testigo de oídas y sin corroboración”.
Visita al Ubérrimo
Granados señaló en el oficio que Mancuso jamás estuvo en el Ubérrico. “Es falsa la supuesta visita de Salvatore Mancuso a la hacienda El Ubérrimo y cualquier vínculo ilegal con jefes paramilitares. Varios de ellos fueron extraditados bajo su mandato presidencial”.
Las Convivir
Sobre este episodio de la historia de Colombia, la defensa de Uribe en cabeza de Granados aclaró que “las Convivir fueron asociaciones de vigilancia y seguridad privada creadas bajo el marco legal nacional (Decreto 356 de 1994) y no una iniciativa arbitraria de la Gobernación”.
También señaló que “se defiende el modelo como un ejercicio de ‘neutralidad activa’ y participación ciudadana (más de 4 millones de cooperantes) para apoyar a la Fuerza Pública en la recolección de información, sujeto a la supervisión de la Superintendencia de Vigilancia”.
Finalmente, aseguró que los excesos o delitos cometidos por integrantes individuales de algunas Convivir no pueden atribuirse penalmente al gobernador que fomentó su creación dentro de la ley, desvirtuando la tesis de la ‘promoción del paramilitarismo’”.
