El Gobierno del Presidente Gustavo Petro dio un paso para agilizar el acceso a la vivienda digna en Colombia. A través del Decreto 1166 de 2025, se eliminó la exigencia de la licencia de construcción para proyectos de mejoramiento, construcción en sitio propio o vivienda progresiva que sean financiados con subsidio familiar de vivienda.
Esta medida, que fue firmada por la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Helga María Rivas Ardila, busca reducir las barreras administrativas que por años han dificultado que miles de familias, especialmente las de menores ingresos, puedan mejorar sus condiciones habitacionales.
¿En qué casos aplica el Decreto 1166?
La nueva norma no aplica para cualquier obra o construcción. Está dirigida exclusivamente a quienes reciban subsidios del Estado en alguna de estas tres modalidades:
- Mejoramiento de vivienda: Para reparar, ampliar o reforzar una vivienda ya existente.
- Vivienda progresiva: Para construir por etapas, de acuerdo con las posibilidades económicas de la familia.
- Construcción en sitio propio: Para edificar una vivienda nueva en un terreno de su propiedad.
Es clave entender que este beneficio solo es válido mientras esté vigente el subsidio. Además, las viviendas no pueden estar ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable o de protección ambiental.
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La “Carta de Responsabilidad”: el nuevo documento clave
En reemplazo de la licencia urbanística, el decreto establece un documento llamado “Carta de Responsabilidad”. Este será expedido por la entidad que otorgue el subsidio (el Gobierno nacional, las alcaldías o las Cajas de Compensación Familiar) y deberá ser elaborado por un profesional idóneo (ingeniero, arquitecto o afín).
Esta carta certifica que el proyecto cumple con todas las normas técnicas de construcción y sismo-resistencia. Quien la firma se hace responsable legalmente de los diseños y de la ejecución de la obra.
¿Qué responsabilidades adquieren las familias y los profesionales?
La simplificación del trámite no significa que se pueda construir sin control. Por el contrario, la norma transfiere la responsabilidad técnica a los profesionales que firman los planos y supervisan la obra. Ellos responderán ante la ley por cualquier falla en el diseño o la construcción.
Para las familias, el proceso se hace más ágil, pero es fundamental que exijan que su proyecto cuente con la Carta de Responsabilidad y que esté avalado por un profesional certificado. Además, en el lugar de la obra se deberá instalar una valla informativa que indique que la construcción se realiza bajo este decreto.
¿Qué viene ahora?
El Ministerio de Vivienda tiene un plazo de 6 meses para implementar una estrategia de fortalecimiento que capacite a las entidades y a los profesionales en la aplicación de esta nueva normativa. El objetivo es garantizar que, a pesar de la agilización, no se sacrifique la calidad y la seguridad de las viviendas.
