La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en sesión extraordinaria realizada en Villavicencio, llamó a juicio a los expresidentes del Congreso de la República, Iván Leónidas Name Vásquez y Andrés David Calle Aguas, por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor propio.
Name y Calle habrían recibido dineros provenientes de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) a cambio de favorecer el paso de las reformas del gobierno en el legislativo.
Esta decisión de acusarlos se da luego de una labor investigativa que incluye declaraciones y pruebas técnicas por parte del despacho del magistrado instructor, Francisco Farfán.
“La Sala consideró que hay indicios suficientes para llevar a juicio a los procesados”, dice la Corte.
Cabe resaltar que si la acusación queda en firme, el caso será remitido a la Sala Especial de Primera Instancia.
Cabe resaltar que en esta decisión, de los 6 magistrados que hacen parte de la Sala de Instrucción, 3 salvaron voto.
Salvamentos de voto
En esta decisión, fuentes confirmaron que la magistrada Cristina Lombana salvó su voto total mientras que los magistrados Misael Rodríguez y Héctor Alarcón lo hicieron de forma parcial.
El magistrado Alarcón se aparto parcialmente de la decisión al considerar que sería un delito de mayor gravedad: no cohecho impropio sino cohecho propio. Por su parte el magistrado, Misael Rodríguez asegura que no hubo peculado por apropiación.
Expresidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle permanecen recluidos en la cárcel La Picota
La Corte Suprema de Justicia fijó como sitio de reclusión para Los expresidente del Senado, Iván Name y la Cámara, Andrés Calle, el pabellón de funcionarios públicos de la cárcel Picota en Bogotá.
Los expresidentes del Congreso de la República, capturados el pasado miércoles 7 de mayo de 2025 y cumplirán su detención preventiva mientras avanza la investigación en su contra por los delitos de cohecho impropio y peculado para apropiación.
Name es investigado por presuntamente haber recibido $3.000 millones como soborno para agilizar las reformas sociales del gobierno de Gustavo Petro. De acuerdo con la Fiscalía, el dinero de Name, lo habría entregado la exconsejera presidencial, Sandra Liliana Ortiz, por orden del entonces director del DAPRE, Carlos Ramón González.
Calle, por su parte, habría recibido un soborno de $1.000 millones también para favorecer proyectos. Ese dinero habría salido de la contratación irregular en la UNGRD y entregado directamente por Sneyder Pinilla.
