El proceso penal que se sigue contra el nuevo ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, por presunto tráfico de influencias será asumido por la Corte Suprema de Justicia, debido a su fuero especial como alto funcionario del Gobierno.
Para este miércoles 26 de enero, estaba programada la audiencia de acusación en su contra, sin embargo, la dilgencia no prosperó. La razón es que la Fiscal General, Luz Adriana Camargo, firmó la resolución que ordena la ruptura de la unidad procesal en este caso.
“Solicitó la variación de la asignación teniendo en cuenta la calidad foral que actualmente lo cobija. Es así como la señora Fiscal General dispuso designar el conocimiento de esta investigación en cabeza de la Fiscalía Séptima Delegada ante la Corte”, anunció la fiscal auxiliar durante la audiencia que duró muy poco tiempo.
Los hechos por los que se le investiga a Antonio Sanguino:
En octubre de 2024, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción presentó ante un juez de control de garantías a Sanguino, y le imputó el delito de tráfico de influencias de servidor público, cargo que no fue aceptado.
Según el ente acusador, el titular de la cartera Laboral, cuando era concejal de Bogotá, habría intercedido para que se nombrara a una persona de su confianza en la gerencia del Hospital de Usme entre los años 2008 y 2011, en la alcaldía del fallecido Samuel Moreno.
Luego de la designación formal, el exconcejal presuntamente asistió a varias reuniones en las que se pactó con un contratista específico la adjudicación del proyecto de construcción y adecuación de la nueva sede para el centro hospitalario de segundo nivel, por algo más de 15.020 millones de pesos.
Por ese direccionamiento ilegal se habría acordado que el oferente beneficiado entregaría una coima equivalente al 10% del valor total del contrato.
