En la Sentencia de Unificación 169 de 2025, la Corte Constitucional falló a favor de de almenos 19 mil familias víctimas de desplazamiento forzado a quienes el Estado les ha incumplido con la ejecución de subsidios de vivienda prometidos hace más de 10 años.
La Sentencia se remonta a una tutela interpuesta por 35 víctimas de desplazamiento en Caquetá a quienes el Gobierno se negaba a actualizar los dineros de sus subsidios, pese a que las víctimas no han tenido responsabilidad alguna en las demoras y por el contrario se han visto obligadas a cargar con sus consecuencias más adversas.
“En ese sentido, la negativa de actualizar el valor del subsidio pese al paso del tiempo y la pérdida de su capacidad adquisitiva, configuró una omisión grave del Estado, que impuso sobre las víctimas una carga desproporcionada y desconoció sus derechos a la vivienda digna”, indicó la Corte.
Además, en el análsis de esta situación en Caquetá, la Corte encontró que en el país hay almenos 19 mil subsidios para personas desplazadas que aún no han sido ejecutados.
“Esta situación no constituye una anomalía aislada, sino un patrón de incumplimiento que compromete los derechos a la vivienda digna de la población desplazada, ampliamente documentado por esta Corporación, por los órganos de control y por instancias de seguimiento a la política pública”, indicó el tribunal.
Las órdenes de la Corte
La sentencia estableció que el Gobierno debe actualizar el monto que se paga por los subsidios de vivienda a las familias desplazadas a quienes se les ha incumplido con esta ejecución, como vía para garantizar el goce efectivo del derecho a una solución habitacional digna y adopta medidas de tipo estructural.
“La Corte insistió en que las promesas del Gobierno a la población desplazada no pueden quedarse en el papel, sino que deben traducirse en acciones concretas que honren la confianza de quienes han esperado por años que el Estado les devuelva, con hechos, la esperanza que depositaron en él», indicó este tribunal.
En consecuencia, la Corte ordenó al Ministerio de Vivienda y a Fonvivienda formular un plan integral en un plazo de seis meses para garantizar soluciones habitacionales dignas y reales a estos hogares.
