La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a 10 años de cárcel a los magistrados del Tribunal de Villavicencio, Joel Darío Trejos Londoño, Alcibíades Vargas Bautista y Fausto Rubén Díaz Rodríguez por delitos relacionados con la corrupción al emitir fallos que otorgaban libertad o la detención domiciliaria a miembros de grupos paramilitares que operaban en la región.
Las condenas fueron así:
- Diaz Rodríguez deberá pagar 128 meses de prisión y 434 salarios de multa por los delitos de prevaricato por acción agravado en concurso homogéneo.
- Vargas Bautista deberá pagar 120 meses de prisión y una multa de 306 salarios por los delitos de cohecho propio en concurso heterogéneo con el de prevaricato por acción.
- Trejos Londoño deberá pagar 120 meses de prisión y 306 salarios de multa por los delitos d cohecho propio en concurso heterogéneo con el de prevaricato por acción.
En estos fallos se beneficiaron integrantes de la “Oficina de Envigado” como alias “Cesarín” y “Bacalao”. Además, también se menciona el denominado caso “Autorriling” en el que se habla de fiestas y hospedajes en lujosos hoteles a cambio de ayudar a una pareja que había sido condenada por homicidio.
En el expediente de más de 400 páginas hay varios casos que prueban la redención intencional de penas e incumplimiento de los plazos procesales para revocar fallos condenatorios, absolver o pedir excarcelaciones por vencimiento de términos a criminales a cambio de sobornos.
“Los conceptos del acusado fueron actos de su conocimiento y no una equivocación desafortunada, emitidos al margen de la normatividad y la jurisprudencia a aplicar, de las pruebas y de las reglas de la sana crítica, algo que un funcionario judicial de su experiencia no podía ignorar. Con lo cual se comprueba que su propósito no era impartir justicia sino favorecer a un tercero», dice la Sentencia.
