La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia admitió para su estudio una solicitud de control de legalidad a la medida de aseguramiento que se le impuso al expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.
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Andrés Calle fue capturado por orden de la Sala de Instrucción en medio de las investigaciones que se siguen en su contra por presuntamente recibir mil millones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) a cambio de favorecer el paso de las reformas en el congreso.
En su momento, la Sala de Instrucción tomó esa determinación para evitar cualquier fuga o alteración en el curso de la investigación tanto de Calle, como de Iván Name, entonces presidente del Senado.
Ahora, con esta última solicitud de control de legalidad se busca determinar si dicha medida de aseguramiento fue excesiva o desproporcional, con lo que se abre la puerta para que Calle pueda salir de la Cárcel.
Expresidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle ya están recluidos en la cárcel La Picota
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia fijó como sitio de reclusión para Los expresidente del Senado, Iván Name y la Cámara, Andrés Calle, el pabellón de funcionarios públicos de la cárcel Picota en Bogotá.
Name, fue trasladado en la noche del jueves 8 de mayo. Mientras que el traslado de Calle se dio en la mañana de este viernes 7 del mismo mes.
Los expresidentes del Congreso de la República, capturados el pasado miércoles 7 de mayo, cumplirán su detención preventiva mientras avanza la investigación en su contra por los delitos de cohecho impropio y peculado para apropiación, conductas que habría cometido dentro del entramado de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo -UNGRD-.
Habría recibido millonarios sobornos
Name es investigado por presuntamente haber recibido $3.000 millones como soborno para agilizar las reformas sociales del gobierno de Gustavo Petro. De acuerdo con la Fiscalía, el dinero de Name, lo habría entregado la exconsejera presidencial, Sandra Liliana Ortiz, por orden del entonces director del DAPRE, Carlos Ramón González.
Calle, por su parte, habría recibido un soborno de $1.000 millones también para favorecer proyectos. Ese dinero habría salido de la contratación irregular en la UNGRD y entregado directamente por Sneyder Pinilla.
