El reciente contrato de $10.000 millones de pesos firmado por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) ha encendido un nuevo debate político en Colombia sobre la transparencia, el uso de recursos públicos y la defensa internacional del presidente Gustavo Petro.
Contrato millonario para defensa frente a sanciones internacionales
El DAPRE suscribió un acuerdo con la firma internacional Amadeus Consultancy Limited, con sede en el Reino Unido, para prestar asesoría jurídica especializada en sanciones financieras internacionales, específicamente relacionadas con el régimen de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos.
Este contrato, que asciende a 10.000 millones de pesos y se ejecutará por cuatro meses, incluye el análisis normativo, conceptual y estratégico del régimen de sanciones, además de recomendaciones legales y evaluación de riesgos institucionales.
¿Por qué hay controversia?
La polémica se desató porque el contrato coincide con la inclusión del presidente Gustavo Petro, su familia y funcionarios cercanos en la llamada “Lista Clinton” de la OFAC, un listado de sanciones que implica bloqueos financieros y restricciones internacionales.
Dirigentes políticos opositores han señalado que este convenio servirá para defender al mandatario en un proceso que algunos perciben como de carácter personal, más que institucional.
Líderes políticos critican el uso de recursos públicos
Germán Ricaurte, director de la Unidad Contra el Gasto Hormiga, denunció que el contrato equivale a utilizar los impuestos de los colombianos para un caso que, según él, no representa un interés público general.
Por su parte, la senadora María Fernanda Cabal calificó la contratación como una “farsa” que contradice declaraciones anteriores de que la defensa sería asumida de manera gratuita por el abogado estadounidense Daniel Kovalik, quien aparece vinculado a la firma contratada.
Solicitud de investigación y control fiscal
La representante Katherine Miranda solicitó a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría que investiguen el contrato, advirtiendo posibles violaciones a los principios de la contratación estatal, detrimento patrimonial y uso indebido de recursos públicos.
Miranda insistió en que, aunque el contrato está formulado como un servicio institucional, la falta de claridad sobre su necesidad y cuantía plantea dudas importantes sobre su legitimidad.
