Así se dio a conocer mediante el Auto 129 de la Contraloría Intersectorial, fechado este 3 de noviembre, en el cual se decidió que: “teniendo en cuenta que una vez valoradas las pruebas legal y oportunamente allegadas a la presente actuación fiscal que llevaron a concluir a este despacho que cesaron los hechos constitutivos de detrimento patrimonial”, para los funcionarios involucrados en el presunto sobrecosto de los Kits de Alimentación para familias vulnerables que se entregaron en medio de la pandemia por el Covid 19 en Departamento de Arauca.
Así mismo, en esa decisión de la CGR se confirmó “el levantamiento de las medidas cautelares que se habían decretado en el proceso para los funcionarios Carolina Muriel Zea, José Facundo Castillo Cisneros, Luis Merardo Tovar Altuna, Edward Enrique Portillo y la persona jurídica Multiservicios Mael S.A.S».
El ente de control había determinado como daño patrimonial, como consecuencia de la ejecución del contrato 198 de 2020 en la suma de $1050.505.280, posteriormente del estudio de mercado realizado por el despacho y de las pruebas obrantes en el proceso, dentro del cual se encontraba el informe de apoyo técnico presentado por la profesional de contaduría, estimó un daño patrimonial al estado en cuantía de $478.655.949, cómo se señaló en las consideraciones de la providencia, no obstante mediante oficio enviado por la Gobernación de Arauca, el 29 de septiembre del 2020, se pone en conocimiento del despacho el acta de liquidación del contrato 198 de 2020 mediante el cual se evidencia que el contratista ajustó los precios de los productos del kit.
Por lo que la CGR procedió a llevar a cabo un nuevo estudio de mercado, tomando como referencia los precios fijados por el DANE, así como los establecidos por Colombia Compra Eficiente, lo que concluyó que el valor global del kit era la suma del $119.174, sumando los costos directos e indirectos, cifra menor a la indicada en el estudio técnico realizado por la contraloría de $119.182 a precios promedio del DANE, lo cual permitió un resarcimiento por parte del contratista del daño patrimonial en $478.655 949, a favor de la Gobierno departamental.
