A través del estudio “Desafíos Institucionales y Fiscales de la Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia en Colombia”, se analizó la respuesta del Estado frente a la prevención del reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolecentes, además del funcionamiento de el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD) y programas de atención a la primera infancia.
Este estudio también evidencio que uno de los datos más alarmantes tiene que ver con la reducción de recursos para la CIPRUNNA, instancia encargada de coordinar las acciones de prevención del reclutamiento y utilización de menores por grupos armados. Según la Contraloría, el presupuesto para el periodo 2024-2026 cayó a $1.810 millones, una disminución del 83,8 % frente a los recursos asignados entre 2019 y 2023.
Pero el problema no sería únicamente presupuestal, pues el ente de control señaló que, aunque durante el periodo anterior fueron asignados $12.891 millones, solo se ejecutaron $9.216 millones, dejando más de $3.600 millones sin utilizar en medio de un contexto de creciente riesgo para la niñez en distintos territorios del país.
“La reducción de recursos, sumada a la baja ejecución y a la ausencia de sistemas robustos de información, limita gravemente la capacidad del Estado para prevenir el reclutamiento y proteger a la niñez”, advirtió la entidad.
Asimismo, la entidad aseguró que la situación es crítica en el proceso administrativo del restablecimiento de los derechos. De acuerdo con las visitas técnicas realizadas por la Contraloría, más del 60 % de los equipos interdisciplinarios del PARD están incompletos y algunos defensores de familia atienden hasta 120 casos por semana.
Las alertas también alcanzan a los programas de primera infancia del ICBF. El estudio encontró inconsistencias en la detección de casos de vulneración de derechos. Mientras en 2022 se registraron 1.488 alertas y en 2024 se reportaron 1.458, en 2023 solo apareció un caso registrado, lo que encendió las alarmas sobre posibles fallas operativas y de seguimiento.
Otro de los hallazgos fue la concentración del gasto en zonas urbanas, mientras regiones rurales continúan enfrentando limitaciones en cobertura y atención comunitaria.
Frente a este panorama, la Contraloría hizo un llamado urgente a las entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y a las autoridades territoriales para fortalecer la coordinación institucional y garantizar que los recursos destinados a infancia realmente se traduzcan en protección efectiva.
“El deber del Estado es garantizar que cada recurso se convierta en protección y oportunidades para los niños, niñas y adolescentes”, concluyó el organismo de control.
