El Eln mató con 10 disparos al topógrafo Alberto Alvarado Rodríguez por el no pago de su rescate.
Un día antes del asesinato del topógrafo Alberto Alvarado Rodríguez, inspector de obra del gasoducto Gibraltar, el teléfono de su casa en Bucaramanga sonó a eso de las 11 de la mañana. «Entregan la plata o se muere. No estamos jugando», dijo, en medio de insultos, un hombre que se identificó como miembro del Eln.
La llamada, realizada el 20 de octubre, fue la última que hizo este grupo ilegal, que luego de siete meses de secuestro mató de 10 tiros al topógrafo. Él, de 62 años, se convirtió en la víctima más reciente de la sangrienta escalada de las guerrillas contra el sector minero del país.
«La próxima llamada va a ser para que recojan a su familiar, pero muerto. Y no compren un cajón sino dos, el otro va a ser para uno de ustedes. Con sus vidas pagarán lo que no recogieron en plata», amenazó el guerrillero, que según las autoridades era uno de los jefes del bloque de Guerra Oriental del Eln.
La criminal sentencia se cumplió al día siguiente, 21 de octubre. Fue el doloroso desenlace de una tragedia que les quitó a los Alvarado a un hombre reconocido por su apego al trabajo. Un crimen que, dicen, «no se puede perdonar».
El secuestro
La pesadilla inició el 27 de marzo, cuando el contratista llegó a las siete de la mañana a cumplir una reunión de trabajo en un puesto de obra en Toledo (Norte de Santander).
«Era los ojos de la empresa en la zona», cuenta un familiar, que describe cómo el inspector recorría largos tramos por tierra en la esquina montañosa que forman los departamentos de Arauca, Boyacá y Norte de Santander, cerca de la frontera con Venezuela.
Por ahí pasan varios de los proyectos petroleros, energéticos y gasíferos más importantes del país, que el Eln y las Farc intentan aprovechar para sus finanzas a través del secuestro y la extorsión. Este año, en medio de esa escalada, seis funcionarios de empresas del sector han sido asesinados por la guerrilla.
Ese día, de un momento a otro, Alvarado desapareció de la mesa donde se tomaba un tinto. Dos hombres armados se lo llevaron en una moto, según contaron personas que lo vieron camino al cautiverio.
«Se comunicaron a la semana -dice uno de sus hijos-. Y exigieron que la empresa pagara 3.000 millones de pesos por su rescate».
La firma se negó. «Habían recibido amenazas de extorsión, y para presionar la guerrilla secuestró a uno de sus contratistas», afirma Claudia Llano, asesora de la Fundación País Libre, que conoció el caso. En medio de su estrategia, los grupos irregulares no se detienen a mirar si sus víctimas tienen medios para pagar. Lo único que les importa es que tengan conexión con las empresas.
La familia recibió cinco cartas en siete meses, en las que siempre amenazaron con matarlo, y una llamada casi cada semana. En una de ellas hablaron con Alberto, que suplicó que «no lo dejaran morir» y que hicieran lo que fuera posible para conseguir el dinero.
Incluso estuvieron a punto de aceptar un intercambio por uno de los hijos, para que el topógrafo pudiera volver a la libertad y tratara de conseguir la plata del rescate. Y cumplieron una cita en un inhóspito sitio cercano al río Orinoco, probablemente al otro lado de la frontera.
Pero de nada valieron sus esfuerzos y sus ruegos para que Alberto pudiera regresar a casa. «Fue un acto miserable. Diez balazos: tres en la cabeza y siete más en el abdomen. Eso es una ejecución. Si lo iban a matar no tenían que ensañarse así con él», dice, en medio de un llanto largo, otro de los hijos del topógrafo.
Pero el sufrimiento no paró. Por las amenazas, nadie de la familia pudo ir hasta Cubará (Boyacá), donde un empleado de una funeraria encontró el cuerpo. Ese desconocido hizo el levantamiento del cadáver y lo trasladó hasta Saravena (Arauca).
Se necesitó una colecta para pagar la avioneta que trajo a Alberto Alvarado a Bucaramanga y que además tuvo que hacer dos viajes, porque hubo demoras en la necropsia.
«Mi papá estaba flaco, con 20 kilos menos, tenía el pelo y la barba larga por el cautiverio (…) Perdimos a nuestro padre en una guerra que seguirá adelante mientras haya proyectos de desarrollo y guerrilla en esa región», dice otro de sus hijos. En lo que va del año, el Eln ha secuestrado al menos a siete personas más. Muchas de esas familias aún siguen esperando.
Los lugares más peligrosos Estudio señala siete ‘zonas rojas’ para ingenieros
Según la Fundación País Libre, los departamentos de Arauca, Putumayo, Nariño, Tolima, Santander, Huila y Norte de Santander, son los más peligrosos para ingenieros y contratistas del sector minero – energético. En esas zonas, este año han muerto 6 funcionarios de empresas, 22 han sido heridos, y una decena más amenazados. «No importa si son de alto, medio o bajo perfil, los empelados son secuestrados para presionar pagos», dice el informe. Solo en el primer semestre de 2012, el Ministerio de Defensa rerpota más de 150 ataques a esta infraestructura.
JUAN GUILLERMO MERCADO
ELTIEMPO.COM Redacción Justicia
