Consultadas las paginas oficiales de la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía y la Contraloría General de la República, se logró establecer cuál es el avance real de los procesos que llevan están entidades en contra del Gobernador de Arauca. Donde se pudo conocer que el asunto más avanzado es el proceso que se lleva por el contrato de las Fiestas de Cravo Norte, el cual ya esta listo para la audiencia de Juzgamiento.
Igualmente se logró precisar que, junto al Gobernador de Arauca, Facundo Castillo Cisneros, también fueron llamados a juicio de responsabilidad fiscal por la CGR: el Secretario de Gobierno, Merardo Tovar Altuna, la Secretaria de Desarrollo Social, Carolina Muriel, así como el Coordinador de Gestión del Riesgo Departamental, Edward Enrique Portillo y el representante legal de la firma contratista Multiservicios Mael SAS Zomac, Hebert Ernesto Espinoza Braga. Adicionalmente a ellos, en el proceso que apertura en la PGN, vincularon al exgerente de Contratación, Heivind Palomino Gutiérrez.
Lo que se encontró en la CGR
La Contraloría General de la República comenzó a tomar medidas por los presuntos sobrecostos que ha detectado en contrataciones realizadas para atender la emergencia sanitaria por el Covid-19 y es así como abrió un primer proceso de responsabilidad fiscal, contra el Gobernador de Arauca, José Facundo Castillo (por $1.050 millones), y además, ordenó la apertura de 27 indagaciones preliminares, donde se verificará si hay mérito para adoptar o no igual decisión.
En esta entidad, a través de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, el organismo de control abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $1.050 millones de pesos contra el Gobernador del Departamento de Arauca, José Facundo Castillo, su Secretario de Gobierno y su Secretario de Desarrollo Social, así como el Coordinador de Gestión del Riesgo Departamental y la firma contratista Multiservicios Mael SAS Zomac, por sobrecostos en esta cuantía en un contrato de suministro logístico y entrega de 33.437 kits de ayuda alimentaria a población afectada por la emergencia sanitaria Covid-19.
El organismo de control estableció un presunto sobrecosto del 31% en los kits adquiridos a través de este contrato. Se encontraron presuntos sobrecostos en productos como: sal (145%), (panela 206%) y pasta (211%). Evidenció la Contraloría falta de planeación en esta contratación por $4.463 millones: no están soportadas las cotizaciones realizadas y no existió análisis de los costos y gastos incurridos por el contratista (tampoco están soportados).
Para la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR, la Gobernación de Arauca no expuso la forma como se determinó el valor final de los kits, dado que las cotizaciones no cumplen con las formalidades que permitan identificar el eventual proveedor y, a su vez, se indica que el valor del contrato recogía lo relacionado a la operación en la entrega de los kits, sin que esto estuviera técnicamente establecido o calculado, por lo que la determinación de un valor final del kit multiplicado por el número total de los mismos conllevó a que se sobre costearan sin justificación los ítems alimenticios y los costos indirectos de logística o entrega.
Dentro de este proceso, la CGR vinculó como presuntos responsables fiscales a:
*José Facundo Castillo Cisneros, en calidad de Gobernador de Arauca.
*Carolina Muriel Zea, Secretaria de Desarrollo Social y Equidad de Género Departamental.
*Luis Merardo Tovar Altuna, Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana.
*Edward Enrique Portillo, Coordinador de Gestión del Riesgo Departamental.
*Y el contratista Multiservicios Mael SAS Zomac, representada legalmente por el señor Hebert Ernesto Espinoza Braga.
La Contraloría, conforme a la ley, ordenó la búsqueda de bienes y medidas cautelares a que haya lugar en este caso.
Juzgamiento disciplinario PGN
Fue citado a audiencia de juzgamiento disciplinario el Gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, por presuntas irregularidades en el contrato para la realización de eventos y actividades artísticas en el municipio de Cravo Norte, por $570 millones. Fue suscrito el 14 de abril de 2020, sin que, al parecer, se hubiera tenido en cuenta la emergencia sanitaria por el covid-19. Al gobernador se le reprocha la presunta violación al principio de planeación y de transparencia, que comporta el deber de selección objetiva y de responsabilidad de la contratación estatal.
En otro proceso, también contra el gobernador de Arauca, se abrió investigación y se vinculó a los secretarios de Gobierno y Seguridad Ciudadana, Luis Medardo Tovar Altuna; de Desarrollo Social, Carolina Muriel Zea; al gerente de Contratación, Heivind Palomino Gutiérrez, y al profesional universitario coordinador de gestión del riesgo del departamento, Edwar Enrique Portillo, por presuntos sobrecostos en la contratación de paquetes alimentarios para 33.437 familias del departamento por $4.463.379.180.
Lo que hay en la Fiscalía General de la Nación
Desde el punto de vista de la Fiscalia General de la Nacion, el trabajo de fiscales y los grupos de policia judicial han logrado abrir investigaciones preliminares contra el Gobernador de Arauca. Este proceso se seguira ante la Corte Suprema de Justicia.
