En medio de la asamblea de gobierno ampliada que adelanta el Gobierno nacional en Hatogrande, en la antesala de los 100 días de mandato, el presidente Gustavo Petro sancionó el proyecto de ley 418 que actualiza la ley de orden público y establece las condiciones para que el Estado pueda negociar con grupos armados.
“La ley de la Paz es el marco jurídico que le permite al Gobierno desde hace muchos años, esta vez se ha renovado, construir negociaciones con quienes están al margen de la ley, para conquistar el sueño de la Paz total”, dijo el presidente.
Petro también explicó que “ahora le corresponde al comisionado de Paz, Danilo Rueda, implementar buena parte de esta reglamentación”. A propósito, esta es la primera ley que firma el mandatario desde que llegó a la Presidencia.
Este proyecto plantea dos posibilidades, que mencionó Petro. “Habrá personas que negociarán con la justicia la posibilidad de un desmantelamiento pacifico del crimen; otros negociarán con el Gobierno las opciones de acabar una guerra insurgente de hace muchas décadas, que debe terminar definitivamente, sin ecos, para que la sociedad colombiana sea la verdadera dueña del país, de sus destinos, la democracia real y pacífica que necesitamos”.
Esta sanción presidencial se da a poco menos de dos semanas de que se reanuden los diálogos entre el Gobierno nacional y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). De hecho, se espera que en los próximos días el comisionado Rueda y la guerrilla, cada uno por su cuenta, den a conocer los nombres de quienes integrarán los equipos negociadores.
El articulado contiene el marco legal para cimentar la paz como una política de Estado, teniendo a los gobernantes como ente rector para la reivindicación de la seguridad y los derechos humanos.
Son en total 19 artículos en los que busca modificar la ley 418 de 1997, también llamada de orden público, adicionando proposiciones y leyes que permitan establecer la paz en el país sin importar el gobierno de turno.
Esto incluye el concepto de Seguridad Humana, el cual busca garantizar los derechos de cualquier persona sin importar su condición, a través de mecanismos de prevención, políticas sociales y el uso de la fuerza pública.
Procesos de paz y negociaciones con grupos armados.
La nueva ley le da potestad al gobierno a utilizar dos tipos de mecanismos para acceder a la paz con grupos al margen de la ley : las negociaciones de paz y los acercamientos para el diálogo.
Esto incluye a miembros de estructuras al margen de la ley que atenten contra el orden público y que están actualmente activas, como también a ex miembros de grupos armados al margen de la ley, “desmovilizados mediante acuerdos pactados con el Estado Colombiano, que contribuyan con su desmantelamiento”.
Para este fin se debe crear una instancia especial coordinada por el Alto Comisionado para la Paz y el Ministerio de Defensa, para tipificar y clasificar las estructuras armadas, y analizar la viabilidad de los procesos de sometimiento o acuerdos de paz.
Este proceso faculta al Gobierno a Suspender las órdenes de captura de los involucrados en los grupos armados para así continuar con los procesos de diálogo.
También tipifica las zonas transitorias en las que se van a llevar a cabo las negociaciones y donde los grupos al margen de la ley se pueden establecer mientras se llevan a cabo los diálogos.
Servicio Social para la Paz
Otro de los puntos que toca el proyecto de Ley es el del Servicio Social para la Paz como alternativa al servicio militar obligatorio. Este no lo reemplaza, sino que funge como otra opción para cumplirlo.
Este se podría desarrollar promoviendo la alfabetización en zonas rurales, promoviendo los derechos humanos de las Víctimas, protección de áreas naturales y la biodiversidad, protección y cuidado de personas en situación de discapacidad y vigías del patrimonio cultural, entre otros.
Durante la prestación del servicio se le prohíbe a las personas utilizar su posición para realizar proselitismo político, el cual será sancionado en caso de incumplirse la norma.
Una vez terminado el servicio se expedirá un certificado el cual es el equivalente a la libreta militar, y funcionará con la misma validez.
Entrega voluntaria de Armas y Desminado Humanitario
Esta sección indica que no hay responsabilidad penal por la comisión de conductas cuando una persona u organización realice una entrega de armas de forma voluntaria.
El programa de entrega de armas garantiza a quien se acoja a él tres aspectos: el anonimato, ausencia de responsabilidad penal e incentivos económicos.
En cuanto al desminado humanitario estarán coordinados por la fuerza pública y contarán con el acompañamiento de la procuraduría para su contratación.
Ahora el proyecto deberá pasar a sanción presidencial para convertirse en ley, y de esta forma, darle un marco jurídico a las negociaciones que el gobierno de Gustavo Petro busca adelantar con distintas estructuras armadas al margen de la ley.
