Las presuntas irregularidades con la adjudicación y licitación de pasaportes, causaron una suspensión hecha por la Procuraduría General de la Nación hacia el canciller Álvaro Leyva. Esta sanción fue notificada el 24 de enero de 2024 y durará tres meses, dónde el canciller no podrá ejercer ninguna de sus labores.
A pesar de esta suspensión, se conoció que el 30 de enero Leyva firmó 12 decretos sobre distintos nombramientos del Ministerio y designaciones de cargos en la Cancillería. Frente a esto, Hernán Cadavid, congresista del Centro Democrático, realizó su denuncia afirmando que el canciller habría decidido no aceptar la decisión de la Procuraduría, al seguir trabajando y expidiendo decretos que se conocerían como nulos.
“Hemos determinado acudir a la justicia colombiana, en virtud de una Acción de Cumplimiento, para que sean los jueces de la República los que obliguen al gobierno de Colombia, Álvaro Leyva y, por supuesto, a Gustavo Petro, a aceptar la decisión de una institución legítima”, expresa el congresista.
La Procuraduría firmó un documento donde se le pide al presidente Gustavo Petro, acatar la orden y, a su vez, buscar un reemplazo para Álvaro Leyva, con la finalidad de no tener afectaciones en el funcionamiento de la Cancillería.
