Población rural del departamento de Arauca sufre de graves violaciones a los derechos humanos, especialmente los habitantes del distrito de Santo Domingo de Tame, así lo hizo saber la Representante a la Cámara, Karen Manrique.
Recibimos denuncias de una grave situación que afecta a la población campesina del distrito de Santo Domingo en el municipio de Tame, Arauca. Grupos armados han impuesto restricciones severas que limitan la movilidad y el trabajo de los campesinos, estos grupos establecen límites arbitrarios que violan sus derechos fundamentales e impiden las actividades propias de la comunidad. Estas restricciones incluyen la prohibición de cruzar fronteras imaginarias y la imposición de horarios estrictos que impiden el desarrollo de sus actividades agrícolas.
Esta situación no solo afecta la economía y la subsistencia de la población del territorio, sino que también pone en riesgo a familias enteras y a los estudiantes de la región, quienes ven amenazado su derecho a una vida digna, a la educación, a la libre movilidad y al trabajo entre otros.
La congresista, igualmente manifestó que: “Exigimos a los grupos armados que hacen presencia en el departamento de Arauca, que excluyan a los civiles de la confrontación armada que sostienen y respeten los mínimos humanitarios. Asimismo, hacemos un llamado urgente al Gobierno Nacional y al Alto Comisionado para la Paz para que intervengan de manera inmediata y se garantice la seguridad y los derechos de los habitantes de Santo Domingo y de todo el departamento de Arauca. Es necesario y urgente que se tomen acciones concretas para asegurar la libre movilidad, el derecho al trabajo y la protección de las familias afectados por esta situación”.
En las últimas horas, recolectores de las rutas de la leche en el sector de Flor Amarillo, del mismo distrito, denuncian que hombres armados les impiden recoger la producción de leche de las fincas hacia los centros de acopio.
Por último, Karen Astrith Manrique Olarte, Representante a la Cámara por la CITREP 2, informó que “es imperativo que el Ministerio Público intervenga de inmediato para así mitigar las afectaciones de la población y buscar la restitución inmediata de sus derechos”.
