En la noche de este martes 11 de marzo, luego de que se consolidaran las mayorías en la Comisión Séptima para radicar la ponencia de archivo de la Reforma Laboral, el Ministerio de Hacienda presentó un concepto sobre el impacto fiscal que tendría la propuesta esta propuesta del Gobierno.
La propuesta de reducir la jornada laboral diurna, ampliar la nocturna e incrementar a 100% el recargo por el trabajo suplementario, reconoce el ministerio que “en principio podrían conllevar un incremento de los costos laborales en el sector privado. Un primer análisis señala que los incrementos en los costos laborales pueden aumentar la informalidad y disminuir la generación de empleo”.
Sin embargo, este documento firmado por la viceministra técnica del Ministerio de Hacienda, Marta Juanita Villaveces, sustenta que “un análisis más profundo permite concluir que, en contraste, la mayor remuneración conlleva a un aumento de la productividad del trabajador al encontrarse motivado por el mayor pago, siendo este un efecto positivo sobre la productividad que podría compensar parcialmente los mayores costos”.
Frente al impacto fiscal de la reforma en sí, aclararon que “las propuestas del proyecto de ley no tendrían injerencia directa sobre los gastos de personal financiado a través del Presupuesto General de la Nación. Sin embargo, el proyecto plantea algunas medidas puntuales que merecen ser analizadas desde el punto de vista fiscal. En particular, los artículos 20, 25, 26, 27, 30, 33, 35, 36, 37, 45, 46, 55, 57, 58, 60, 65, 76, 80 y 81 podrían tener un impacto fiscal potencial”.
El documento no presenta una cifra estimada sobre cuánto costaría en total esta iniciativa al país, debido a que sostienen que no se tienen los elementos suficientes para cuantificarlo. “Dadas sus características dicho impacto está condicionado a su reglamentación, bajo el entendido de que cada cabeza de sector debe apropiar los recursos correspondientes respetando los límites de gasto comunicados en el Marco Fiscal de Mediano y el Marco de Gasto de Mediano Plazo”.
Por otra parte, el gobierno reconoce que podría haber un impacto fiscal negativo derivado del aumento de los costos laborales. Sin embargo, confían en que los beneficios económicos derivados de una mejora en las condiciones del mercado laboral producto de la reforma generaría un potencial aumento en el recaudo tributario, compensando cualquier costo fiscal potencial.
Los promotores de la ponencia de archivo de la reforma cuestionaron, sin embargo, que este concepto no constituye en sí un aval fiscal. La senadora conservadora y presidenta de la Comisión Séptima, Nadia Blel, indicó que debería expresar con claridad cuánto dinero se requerirá para su implementación.
El proyecto del gobierno parece estar sentenciado. La comisión anunció ya la discusión para que arranque la próxima semana. Una vez se dé inicio a ese trámite, se votará primero la ponencia de archivo que cuenta con los votos para hundir la reforma.
