A pesar de los avances positivos, incluido el progreso en la implementación del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP, la reanudación de las negociaciones de paz con el ELN y los diálogos con otros grupos armados, un nuevo informe del Secretario General de la ONU sobre niñez y conflictos armados, enfocado en Colombia (CAAC por sus siglas en inglés), señala un aumento de las graves violaciones contra la niñez.
En total, se cometieron 615 violaciones graves contra niños y niñas entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de 2023, lo que representa un aumento del 61 por ciento con respecto al periodo del informe anterior (2019-2021). El reclutamiento y la utilización de 347 niños siguió siendo la violación más verificada, seguida del asesinato y la mutilación, y el secuestro, que afectó en un 41% a niños y niñas indígenas y afrocolombianos. Estas comunidades, que viven en zonas rurales remotas, se enfrentan a grandes necesidades humanitarias y, a menudo, se ven afectadas por la discriminación, mientras los grupos armados hacen presencia en sus territorios en una lucha por el control de los ingresos ilícitos relacionados con la producción y el tráfico de drogas, la minería y otros recursos naturales, destaca el informe.
La violencia sexual, los ataques a escuelas y hospitales y la denegación de acceso a la ayuda humanitaria también aumentaron con respecto al periodo del informe anterior sobre Colombia.
«Hago un llamado a todas las partes para que cesen el reclutamiento y la utilización de niños y niñas, pongan fin a la violencia sexual y respeten la inviolabilidad de escuelas y hospitales. Deben aplicarse medidas de protección para la niñez, en particular para las comunidades indígenas y afrocolombianas, incluso facilitando la reintegración de los niños y niñas desvinculados de los grupos armados», declaró Virginia Gamba, Representante Especial del Secretario General sobre la Niñez en los Conflictos armados.
Las graves violaciones contra la niñez se atribuyeron en su mayoría a los grupos armados, mientras que el cuatro por ciento se atribuyó a las Fuerzas Armadas colombianas. Los grupos disidentes de las FARC-EP siguieron siendo los principales perpetradores, seguidos por el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
Los efectos persistentes y a largo plazo de la pandemia del COVID-19 sobre la pobreza y la educación, entre otros, contribuyeron a aumentar la vulnerabilidad y el riesgo de que los niños fueran reclutados por grupos armados, víctimas de trata y explotación sexual y de otras violaciones graves.