En el marco del noveno aniversario del Plebiscito del Acuerdo de Paz con las extintas Farc, el Centro Democrático radicó un proyecto de acto legislativo en el Congreso para reformar la Jurisdicción Especial para la Paz, entidad creada tras este pacto entre el Estado y el antiguo grupo armado.
“Lo primero es que los militares tienen que tener presunción de inocencia, y eso significa doble instancia, doble conformidad, apelaciones y casaciones. Y tenemos que tener tutelas, que no se queden en la corporación simplemente de la JEP, sino que puedan ir ante la Corte Suprema de Justicia y que los fallos de la casación también sean revisados por el máximo órgano penal”, comenzó explicando la senadora y precandidata Paloma Valencia.
Además, añadió, se busca “que haya conceptos técnicos emitidos por la justicia penal militar, que no son obligatorios, pero que sí le puedan dar luces a quienes están juzgando, porque aquí creemos que se está desconociendo el Derecho Internacional Humanitario”. Por lo mismo dijo que “queremos que sea muy claro que los miembros de la Fuerza Pública que no reconocieron responsabilidad, que sean condenados por la Fuerza Pública, solo podrán pagar cinco años de cárcel y los otros 15 años de sanciones tener que ser sanciones restaurativas como se los han aplicado a los miembros de las FARC”.
La iniciativa busca también “lograr que así como le cierran los procesos a todos los demás que no son decretados máximos responsables en las FARC, se le cierren todos los procesos a los miembros de la Fuerza Pública que no fueron seleccionados como máximos responsables”.
Para que este proyecto sea una realidad, deberá superar en total 8 debates en esta legislatura que empezó el 20 de julio e irá hasta el 20 de junio del 2026. La primera vuelta, los primeros cuatro debates, deben darse antes del 16 de diciembre, para que la iniciativa no deba ser archivada por falta de trámite.
Ha dicho la senadora uribista que si bien con este proyecto no tocan la ‘inmunidad’ de los exFarc sí van a respaldar a organizaciones que están preparando acciones judiciales para presentar ante instancias internacionales como la Corte Penal Internacional, para que “deje de haber impunidad”.
