En un fallo de segunda instancia, la Procuraduría ratificó la sanción de destitución e inhabilidad por 10 años al excanciller Álvaro Leyva Durán por las irregularidades en la licitación de los pasaportes.
El Ministerio Público ratificó que, Leyva incurrió en dos faltas disciplinarias, calificadas como gravísimas cometidas a título de dolo.
El caso contra Leyva surgió en septiembre de 2023, cuando decidió declarar desierta la licitación de pasaportes por cerca de $600.000 millones de pesos, porque supuestamente estaría direccionada a beneficiar a la empresa Thomas Greg, que durante 17 años ha manejado los pasaportes.
De acuerdo con la Procuraduría, la decisión que tomó en su momento el entonces canciller careció de fundamento legal y no tuvo como finalidad salvaguardar el deber de selección objetiva, a lo que estaba obligado.
La determinación adoptada por el exministro de declarar desierta la licitación, desconoció los principios de transparencia, economía y responsabilidad que regulan la contratación estatal, por lo que calificó su falta disciplinaria de manera definitiva como gravísima cometida a título de dolo. “En el orden de ideas expresado, se advierte que en el caso de marras no se presentó la colisión a que hace mención el letrado, porque de la exposición argumentativa que precede, es indubitable aseverar que el deber legal de Álvaro Leyva Durán frente a la Licitación cuestionada, era adjudicarla sin titubeos, porque en momento alguno se dio una de las circunstancias atentatorias de la selección objetiva que impidiera la escogencia del contratista. Por el contrario, con la expedición del acto administrativo, el procesado vulneró deberes legales, e, incluso, constitucionales, en virtud de su rol como autoridad”, determinó el despacho del Procurador General Gregorio Eljach.