La Fiscalía General de la Nación llamó a juicio al exviceministro de Defensa, Luis Edmundo Suárez Soto, y a otras seis personas por su presunta participación en las irregularidades detectadas en la planeación y ejecución del contrato de mantenimiento de los helicópteros rusos MI-17 del Ejército Nacional, tal como lo reveló la Unidad Investigativa de Caracol Radio.
En ese sentido, la Fiscalía radicó el escrito de acusación ante el Centro de Servicios del Complejo Judicial de Paloquemao, que por reparto asignó el caso al juez 46 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá.
“Elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía General de la Nación dan cuenta de irregularidades en la adjudicación del contrato 012 del 31 de diciembre de 2024, suscrito entre el Ministerio de Defensa y una empresa norteamericana, el cual ascendió a 32 millones de dólares y tenía por objeto el mantenimiento y suministro de repuestos para los helicópteros rusos MI-17 del Ejército Nacional”, explicó la Fiscalía.
Según la tesis de la Fiscalía, el particular Carlos Martín Uribe Forero y el contratista James Lester Montgomerie, al parecer, se concertaron con el entonces viceministro para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa Nacional, Luis Edmundo Suárez Soto, “para que la compañía extranjera se quedara con el contrato sin tener la idoneidad, experiencia, capacidad técnica y financiera para ejecutar las actividades encomendadas”.
El ente acusador también consideró que “para consolidar esta actividad ilegal presuntamente contaron con la intervención del exsecretario general, Hugo Alejandro Mora Tamaño, y el exdirector de Logística de la Dirección de Contratación Estatal del Ministerio de Defensa, Herbert Arnulfo Buitrago Galán. Además, el excomandante de la Brigada de Aviación No. 32 del Ejército Nacional, coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte”.
La investigación de la Fiscalía también estableció que los entonces funcionarios, al parecer, “no adelantaron un proceso abierto y recurrieron a una contratación directa para adjudicar el contrato y realizaron una convocatoria directa, flexibilizaron requisitos habilitantes y extendieron plazos para la presentación de cotizaciones”.
La Fiscalía también los señala de las supuestas convocatorias a reuniones de estructuración para tratar de beneficiar al oferente, además de permitirle la supuesta entrega de información financiera y técnica no real y “modificar la forma de pago para girar 16 millones de dólares con el primer corte de ejecución, que correspondía al 50% del valor total del contrato”.
