Un hacinamiento del 98 por ciento observa en la actualidad la Cárcel Judicial de Arauca, según informe entregado ayer tarde por la defensora regional del pueblo, Gloria Cuitiva Orjuela en desarrollo de la Audiencia Defensorial que se cumplió en el auditorio del Hotel Monteblanco con presencia de la delegada para asuntos penitenciarios Carmen Lozano, autoridades regionales y comunidad.
La actual construcción de la penitenciaria araucana tiene capacidad para albergar 171 personas, pero se encuentran en su interior con 340 personas
El informe, en síntesis generales, plantea debilidades en materia sanitaria cuyas condiciones para los internos son lamentables, atención en salud que empeoró desde noviembre pasado cuando el Inpec dejó de prestar sus servicios directamente para contratar con la Eps Caperecom.
El hacinamiento, precisa el informe, afecta a los internos en sus celdas que observan sobrecupo.
Dentro del campo sanitario además de las malas condiciones de las instalaciones de los baños los internos escasamente disfrutan de dos horas diarias de suministro de agua potable, lo que se califica por la Defensoría del Pueblo como una tortura; el agua que llega del acueducto es de buena calidad, pero la que se extrae del puntillo, presente altos niveles de contaminación, dice el informe defensorial.
En materia de rehabilitación, no hay condiciones idóneas pues los talleres no están adecuados para que los internos puedan trabajar.
Un aspecto grave al interior del penal es el referente a las instalaciones eléctricas de la edificación que tienen sobrecarga de consumo y se teme que en cualquier momento colapse y se presente una conflagración.
Un incendio en la cárcel de Arauca, dijo la defensora regional, traería resultados nefastos, porque las celdas se aseguran con tuercas y en un momento de emergencia sería imposible abrirlas rápidamente; tampoco hay condiciones para una evacuación.
En lo que resulta bien librado el penal y su director es en la alimentación que aunque no es
muy higiénica, por lo menos se considera suficiente y nutritiva.
Ante el informe entregado por la Defensora, la delegada Carmen Lozano presentó un pliego de recomendaciones que forzosamente deben cumplir los gobiernos municipales y el gobierno departamental, para hacer más digna y con matices de rehabilitación la presencia de los internos.
En la cárcel de los 340 internos 112 personas tienen condena judicial y los restantes figuran como sindicadas; dentro de la población carcelaria figuran personas que tienen detención domiciliaria.
El 39% de la población se halla por el delito de rebelión, el 38 por ley 30 y porcentajes menores por homicidio, porte ilegal de armas, violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria.
