A través de una carta a la Registraduría Nacional y al Consejo Nacional Electoral, un grupo de candidatos y candidatas a las circunscripciones especiales de paz de la Cámara de Representantes están pidiendo, justamente, aplazar los comicios que se tienen programados para el próximo 13 de marzo, afirmando que no cuentan con las garantías electorales ni en materia de seguridad.
Según indicaron los firmantes en la solicitud, Ā«existen candidaturas viciadas por conflictos de intereses, generados por vínculos de consanguinidad en primer grado con reconocidos victimarios y otras afinidades con el paramilitarismo protagonista del conflictoĀ».
Además, denuncian que a la fecha les ha sido imposible Ā«acceder a los recursos materiales para nuestras campañas, conforme al acto legislativo 02 del 25 de agosto de 2021, que establece que la financiación, de carácter preponderantemente estatal y sin dilaciones, dentro del mes siguiente al cierre de inscripciones.
Sobre este punto sostienen que Ā«faltando once días para el cierre de campañas no hemos recibido soluciones. Este hecho nos pone en evidente desventaja frente a las campañas que tienen una estrecha relación con estructuras paramilitares y élites políticas tradicionales que intentan usurpar las curules que nos correspondenĀ».
En tercera medida, los candidatos advierten de la falta de garantías Ā«en materia de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP), al exigirnos asumir las obligaciones económicas en lo relacionado a alojamiento, transporte y alimentación de los esquemas de seguridadĀ».
Esto se suma al Ā«constreñimiento de los grupos armados al margen de la ley que permanecen en los territorios priorizados de la Circunscripción, impidiéndonos el derecho a la libre movilización y desarrollo de nuestras campañasĀ».
Por ello consideran los aspirantes a las curules transitorias del Congreso que hasta que no se cumpla cada uno de los puntos dispuestos en el acto legislativo que dio vida a estos escaños, no se deben llevar a cabo los comicios para elegir a los 16 congresistas que representen a las víctimas del conflicto armado en el legislativo.