A través de una carta enviada al fiscal general Francisco Barbosa, el secretario general encargado de las funciones de despacho del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar, solicitó al ente investigador determinar si se han presentado irregularidades en el proceso de licitación de los pasaportes, en medio de las alertas de algunos sectores en torno a este contrato que ronda los $600.000 millones.
“Con el fin de despejar cualquier duda, se acude a la Fiscalía General de la Nación para pedir, si lo estima procedente, adelantar las investigaciones que considere necesarias para establecer la existencia de cualquier irregularidad o ilicitud que pueda presentarse o haberse presentado en el procedimiento”, señaló esta misiva, remitida por solicitud del canciller Álvaro Leyva.
La polémica se intensificó luego de conocerse que solo existe un oferente que ‘cumple con todos los requisitos’, y se trata de la empresa Thomas Greg & Sons, que llega ganándose las licitaciones desde 2007.
En la carta, el funcionario aseguró que la ciudadanía tiene “la obligación de denunciar” ante las autoridades cualquier irregularidad que pueda ser punible o genere una falta disciplinaria que pueda atentar contra el ordenamiento jurídico.
