El pasado 9 de junio finalizó en La Habana, Cuba, el tercer ciclo de conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y el ELN, con acuerdos en un cese al fuego bilateral por seis meses y la participación de la sociedad civil. Días después se empezó a hablar del tema de la posible creación de un fondo internacional que financiara al ELN para que dejara de secuestrar y extorsionar. Inicialmente el gobierno aseguró que de ese tema no se había hablado; luego se dijo que se mencionó, más no se debatió.
Hasta el próximo miércoles 19 de junio el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, seguirá en el cargo diplomático, según se confirmó con el decreto 1002 del 20 de junio. Pese a que la renuncia de Benedetti, implicado en el escándalo del maletín robado a la exjefa de gabinete Laura Sarabia, había sido aceptada para a partir del 23 de junio, esta extensión de casi un mes corresponde a una solicitud del también exsenador.
Una maleta con una cantidad indeterminada de dinero que apareció en una oficina de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres habría sido la causa de la salida del subdirector de la entidad, Diego Enrique Vargas Vega, un abogado de Bucaramanga, quien se había posesionado el pasado 20 de abril.
Los colombianos se preparan para una nueva jornada de comicios la cual se llevará a cabo el próximo 29 de octubre de 2023 para elegir alcaldes, gobernadores, concejales, diputados a asambleas departamentales y ediles de las juntas administradoras locales quienes legislarán en el periodo 2024 – 2027.
La empresa de telecomunicaciones Claro ha sido sancionada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) debido a prácticas de publicidad engañosa relacionadas con sus ofertas de uso ilimitado de aplicaciones. Según la SIC, la compañía utilizó anuncios publicitarios que promocionaban el uso ilimitado de aplicaciones, redes sociales, minutos y mensajes de texto, pero en realidad incurrió en engaño al proporcionar información confusa a los usuarios.
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció la captura de 23 personas, integrantes al parecer de la banda trasnacional de el Tren de Aragua que hace presencia en la capital. La operación San Martín III estuvo a cargo del Gaula de la Policía Metropolitana de Bogotá y el Grupo Élite de la Dirección de Antisecuestro y Antiextorsión no solo en la capital, sino también en Cali y Barranquilla.
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ofreció hoy a los mercenarios del Grupo Wagner que se sublevaron el fin de semana contra la cúpula militar que se unan al Ejército regular del país o se marchen a Bielorrusia junto a su líder, Yevgueni Prigozhin.
Según el líder del gremio arrocero en el departamento, Enrique Orozco, las perdidas en los cultivos de arroz a causa del invierno superarían los 4 mil millones de pesos. Sólo en el municipio capital, podrían haber más de 700 hectáreas afectadas. Se estima que en el departamento serían más de 1.000 hectáreas de este cultivo que no lograron salvarse.
Con un reconocimiento especial al gobernador elegido por los araucanos en 2019, Facundo Castillo Cisneros, se realizó el sorteo de los 132 apartamentos del programa de vivienda Laureles II en la capital araucana, que tuvo como fuentes de financiación recursos propios, del Faep, superávit fiscal y participación Iva de las antiguas intendencias y comisarías.
En el municipio de Tame se realiza la puesta en marcha para el fortalecimiento de la salud de los araucanos, por medio de la estrategia nacional Atención Primaria en Salud, liderada por el Ministerio de Salud y Protección Social a través de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, UAESA.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, aseguró que el Gobierno Nacional está dispuesto a discutir nuevos acuerdos de cese al fuego, qué vencen el próximo 30 de junio, con las Autodefensas de la Sierra Nevada, el Estado Mayor Central de las Farc, facción disidente que lidera ‘Iván Mordisco’; y con la Segunda Marquetalia, disidencias que comanda Iván Márquez.
De acuerdo con la senadora por el Pacto Histórico, María José Pizarro, este proyecto pretende garantizar la permanencia educativa y “atender el reclamo histórico del movimiento estudiantil y de la juventud colombiana que ha exigido educación gratuita, pública y de calidad por años”.
