Joaquín Arturo Otero, el representante legal de ASODINDAR, nos dio a conocer los primeros avances que han dado para los inicios de lo que será el proyecto del Parque Industrial Ecológico del municipio de Arauca.
Desde hace algunos días, los socios que suman más de 100 personas, de diferentes sectores iniciaron los primeros trabajos en el área asignado por la gobernación de Arauca, que comprende un área de 50 hectáreas a las afueras del municipio capital que está avaluado en más de mil millones de pesos.
En el terreno que se disponen para la construcción de los primeros talleres, ya se ha ido removiendo y adecuando los terrenos, se ha descapotado parte del área, con el fin de que a futuro se cuenten con cada una de las dependencias que se requieren para impulsar el desarrollo del municipio y el departamento de Arauca, aseguró el señor Otero.
El funcionario lamentó que muchos araucanos no creen en este proyecto, del que hacen parte cerca de 120 comerciantes del departamento de Arauca, donde se ha tenido únicamente el apoyo del gobierno departamental, agradeciendo el apoyo recibo del entonces gobernador de Arauca, Facundo Castillo.
Al ser consultado por Noticias Caracol, sobre la vinculación del señor, Iván Hernando Torres Vidal, en la junta directiva de la asociación para el Desarrollo Agroindustrial, quien en su momento fue el representante del proyecto, el señor Joaquín Arturo Otero dijo que él se encargó de la planeación y gestión ante el gobierno nacional.
El señor Otero, argumentó que desconocía de los antecedentes e estafador y ladrón que tenía el ciudadano Torres Vidal, de la que lo criticaron y lo alertaron varios de sus allegados y socios que hoy hacen parte del proyecto.
Argumentó el señor Otero, que al conocer este prontuario lo llamó y le dijo que acabaría la sociedad y que no podía continuar trabajando, acudiendo el afectado a desvirtuar todos estos señalamientos mostrándole documentos entregados por las autoridades.
El ciudadano en mención, purgó una pena de cárcel por falsedad en documento público y por sus actuaciones en otras ciudades del país, señalado de estafador de cerca de 300 taxistas en Cali y por lo menos a 200 en Armenia. La Procuraduría lo inhabilitó para contratar con el Estado
