«Hay que ser ciego, sordo y mudo para vivir tranquilo», dice taxista de una población afectada.
«Para vivir fresco en Arauca hay que andar derecho, mantener la boca cerrada, no ver ni oír nada y pagar vacuna», señala un vecino de Saravena, que habla con la condición de no mencionarlo. La inmensa mayoría de empresarios, ganaderos y comerciantes de cualquier tamaño y condición pagan extorsión a las Farc o al Eln, según el reino araucano que habiten. Y en ese renglón se incluye a las alcaldías, que saben que sus contratistas entregan entre el 5 y el 10 por ciento a las guerrillas.
«Uno tiene que pagar impuesto al gobierno, y si acá el gobierno son ellos, hay que cumplirles -cuenta un ganadero-. Son más razonables los ‘elenos’, se logra hacerles entender lo que puede pagar y dejan trabajar».
Pero no siempre. El primero de julio apareció cosido a balazos el cuerpo de José del Carmen Aguilar, ingeniero de ISA secuestrado en mayo por esa banda terrorista en una discoteca de Saravena.
Lo mató la comisión Che Guevara, que lo mantuvo cautivo en Venezuela ante la negativa de la empresa a negociar un rescate. Ni siquiera aceptaron que la familia pagara.
«Querían enviar el mensaje de que son ellos quienes mandan», afirma una persona cercana al caso.
Innecesario, puesto que nadie niega en el departamento que el control sobre la vida y la libertad de los ciudadanos lo siguen ejerciendo los subversivos, amparados tanto en su arraigo regional como en el santuario que les sigue proporcionando Venezuela, cuyas autoridades no colaboran con las colombianas.
En el paro convocado por los ‘elenos’ para conmemorar sus 48 años de existencia, a primeros de julio, nadie osó pisar el asfalto ni abrieron colegios ni comercios, salvo en Tame, que respira un aire más pacífico dentro del perímetro urbano. Y aunque desde Bogotá anunciaron que había condiciones para circular por las carreteras, no convencieron. «La mejor garantía es no sacar el carro», afirma un taxista de Fortul, que se declara devoto seguidor de la receta local de ser ciego, sordo y mudo para vivir tranquilo.
En esos días, cerca de Puerto Contreras, un pobre caserío de Saravena, a tiro de piedra de Venezuela, el Eln asesinó al conductor de un campero por razones que nadie sabe o cuenta, y como no dejaron entrar a la funeraria, el cadáver quedó tres días a merced de los gallinazos.
«La zozobra es que las Farc hagan el suyo en agosto, porque ese es el rumor que corre», señala una mujer que comercializa gasolina venezolana a cuatro mil pesos el galón. «No sé a qué viene tanta bulla por un paro de cuatro días -tercia la propietaria de un estadero, con aire de suficiencia-. Una vez fue de 45 días; al final no teníamos con qué mercar, pero resistimos».
No es la única que le pone buena cara a las tormentas que soporta una recia población civil, condenada a sufrir altos índices de violencia. Los atentados y crímenes de todo orden se suceden a diario, aunque no siempre hay registro, porque los medios locales se protegen limitándose a los boletines oficiales. Ya van 16 secuestros y 12 desapariciones este año. El domingo 14 de julio mataron a un soldado a dos cuadras del parque donde queda la Estación de Policía de Saravena, en cuyos flancos solo hay oficinas gubernamentales y edificios abandonados porque los comerciantes se cansaron de las bombas y los disparos.
«Nosotros no salimos del parque salvo para patrullar y siempre en grupo. El militar dio papaya», me dice un agente. Cumplen su misión en solitario, no esperan denuncias ni colaboración ciudadana, por el miedo de las personas y la desconfianza generalizada.
Aunque es común el comentario según el cual la seguridad ha empeorado. «Hacía años que no tumbaban torres de energía, no le daban tanto al tubo ni teníamos paros armados», afirma una estudiante. A muchos habitantes los sucesivos anuncios gubernamentales de aumentar el pie de fuerza les causan pánico. «Atacan a los militares y uno es el que está en medio», comentó un muchacho en Pueblo Nuevo, vereda de Tame que, a pesar de las bonanzas marihuanera, cocalera, maderera y petrolera, sigue siendo polvorienta, sucia y pobre.
Lo único que calma algo las angustias de los campesinos de los municipios del oeste de Arauca con los que habló este diario en la semana que permaneció en el área es la paz que firmaron en noviembre Farc y Eln tras una larga guerra que a los civiles les costó muertos, desplazamientos y miseria. Hace un par de semanas, las dos guerrillas se reunieron de nuevo cerca de Caño Verde para aunar esfuerzos e incrementar sus ataques contra la Fuerza Pública, aunque también las carreteras y las compañías petroleras son sus blancos cotidianos.
Este mes, destrozaron con una bomba una tanqueta del Ejército de las que patrullan las vías; con otra dejaron un cráter cerca de la vereda Betoyes, hostigaron caravanas y últimamente cruzan tractomulas haciendo creer que van cargadas de explosivos.
Uno de sus blancos favoritos es el oleoducto Centenario, que debería estar terminado el año próximo, meta que se antoja imposible. El 26 de junio quemaron un bus de sus trabajadores y un amenazante grafiti en la pared del estadero Las Colonas de Saravena les obligó a parar las obras. Cancelaron los contratos a los empleados, aunque estos confían en que haya algún arreglo.
Significa, por supuesto, que paguen vacuna porque necesitan seguir ligados a una de las pocas fuentes de empleo en un departamento estancado en el subdesarrollo, que debería, entre otras, estar pavimentado en oro. Sin embargo, la mayoría de vías, como la que une Caño Limón con la capital araucana, son un monumento a la corrupción y la desidia.
Y aunque cada vez que uno viaja a la zona no observa avances significativos, aún hay quienes creen en un horizonte esperanzador. «Hay desaliento, tensa calma frente al conflicto -señala el padre Teodoro González, párroco de Saravena-. Arauca está hecha de gente muy luchadora, que tiene hambre y sed de inversión social y de una convivencia conciliada. Merece la pena luchar por ello».
Salud Hernández-Mora
Especial para EL TIEMPO
Saravena.
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Ataques en Arauca están ligados al petróleo
Se hace necesaria una estrategia diferente de la tradicional de la seguridad democrática.
Los ataques guerrilleros contra Arauca de las últimas semanas, según analistas, están íntimamente ligados a la expansión de la actividad petrolera en la región, como el proyecto del Oleoducto del Bicentenario, el cual presenta ya retrasos en su ejecución.
También, según ellos, ha incidido la necesidad del Eln de conseguir recursos recurriendo a la extorsión, ante los mayores controles de las autoridades locales en el manejo de las regalías.
El consultor de seguridad Jhon Marulanda consideró que los últimos golpes del Eln han sido más producto de actos terroristas indiscriminados aprovechando las fallas de la Fuerza Pública.
Sin embargo, Marulanda dijo que estos ataques han logrado generar una percepción de inseguridad en la población que sirve a sus propósitos.
Luis Eduardo Celis, de la Corporación Arco Iris, destacó que, en el caso del Eln, su mayor ventaja es la influencia que ejerce en la comunidad lo que lo hace fuerte.
El paro armado que logró paralizar parte del departamento hace 20 días y los recientes atentados lo que indican es que se hace necesaria una estrategia diferente de la tradicional de la seguridad democrática que se ha implementado en los últimos años.
«Arauca es el territorio que cuenta con la fuerza militar más grande del país y, sin embargo, hoy tenemos una situación similar a la del Cauca. Esto obliga a que el Gobierno revise su estrategia en ese departamento», señaló Celis.
