La Corte Suprema de Justicia dijo que la quema del Palacio de Justicia en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca, y otros ataques similares a sedes judiciales en Bogotá y en ciudades capitales como Medellín, Cali, Popayán, Neiva y Pasto, “erosionan severamente las bases del Estado constitucional y atenta contra los derechos de los ciudadanos”. Asegura el tribunal que estos actos ponen en peligro la vida de los funcionarios judiciales, quebrantan la indemnidad de la justicia e “impactan los ya escasos recursos con los cuales funciona”, por lo que hizo el enfático llamado de que la violencia debe para de inmediato.
De esta manera, la Corte Suprema exhortó al Gobierno Nacional y al Comité del Paro, quienes adelanta una mesa de negociación, a reconocer su responsabilidad que, por acción u omisión, les corresponde tanto en el conflicto como en su solución, rechazando los abusos de todo tipo.
Lo anterior, “en el propósito de apaciguar la alteración social que empaña el ejercicio de los derechos de la libre expresión y la protesta pacífica, y detener, de una vez por todas, la pérdida de vidas humanas”, concluyó en un comunicado la Corte Suprema, firmado por su presidente, Luis Antonio Hernández.
