A la cárcel los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla; y del Interior, Luis Fernando Velasco por su presunta participación en el saqueo y direccionamiento de contratos en la UNGRD y el INVIAS para “comprar” a congresistas.
Una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá fue mucho más allá de lo que había solicitado la Fiscalía, que era una detención domiciliaria.
La magistrada consideró que ha muchas evidencias que indican que los exministros, presuntamente, hicieron parte de un “pacto criminal” que se habría configurado en el alto gobierno de Gustavo Petro.
La togada concluyó que este caso es un sofisticado entramado del que incluso, según expuso la Fiscalía, aún no se ha terminado de desmantelar.
La magistrada argumentó que la decisión de imponer la detención en cárcel no se refleja en la reiteración de la conducta delictiva pese que dejaron sus cargos hace más de año y medio, sino en el impacto institucional y se busca proteger a la comunidad para evitar la reconfiguración de un esquema de corrupción complejo y del más alto nivel en las carteras más importantes del país.
“El despacho precisa que esta decisión se adopta con el mayor respeto de los señores exministros, así como las posturas expuestas por la señora fiscal y el ministerio Público. La Fiscalía ha dejado constancia que la red criminal no ha sido desarticulada en su totalidad, existen otros sujetos presuntamente involucrados que aún no han sido judicializados, algunos de ellos permanecen activos aunque no ostenten la condición de cabecillas. Esta circunstancia refuerza aún más el pronóstico de riesgo que no es estático ni cerrado, sino dinámico y en desarrollo.
Para la magistrada fueron clave los interrogatorios que rindieron Olmedo López, Sneyder Pinilla y María Alejandra Benavides.
“El entramado criminal”
El trámite de las reformas pensional y de salud en el Congreso de la República, programas bandera del gobierno de Gustavo Petro, fueron utilizados como el pretexto para cimentar una organización criminal que permeó dos ramas del poder público, el ejecutivo y el legislativo para satisfacer intereses de unos pocos.
En medio de la audiencia en contra de los exministros de Hacienda Ricardo Bonilla y del Interior Luis Fernando Velasco, la Fiscalía los señaló de haber encabezado y liderado una organización criminal para convertir a la UNGRD y el INVIAS en la caja menor de coimas para comprar a congresistas a cambio de votos para garantizar gobernabilidad, argumentos que el Tribual consideró y a los que le dio toda credibilidad.
El ente acusador advirtió que los dos exministros habrían direccionado 74 contratos en INVIAS y 5 en UNGRD, proyecto que suman más de $612 mil millones de los cuales, siete proyectos se concretaron.
Lo que inició como un hecho aislado con el caso de los 40 carrotanques para el abastecimiento de agua en la Guajira, fue el punto de quiebre para descubrir una profunda corrupción que se tejió entre el ejecutivo y el legislativo.
