Tras una reunión entre la Procuraduría y el SENA, se alertó la cesación de los servicios tecnológicos que tiene contratados la entidad, situación que afectaría los procesos de formación de más de ocho millones de aprendices. Señalaron que podrían sufrir la interrupción de sus servicios a partir del próximo 31 de julio, fecha en la que vence el negocio jurídico que actualmente permite ofrecer los diferentes programas, y que ha alcanzado el límite máximo de adiciones.
El organismo de control señaló también que el proceso de licitación actual se encuentra suspendido, hecho al que se sumó la falta de claridad sobre la disponibilidad de recursos disponibles para darle continuidad al programa de formación y la imposibilidad de cumplir con los términos de contratación sin dejar de prestar el servicio.
El Ministerio Público solicitó a los directivos establecer mecanismos para garantizar la prestación del servicio, definir alternativas técnicas y establecer un plan con los posibles escenarios y las contingencias que tendrían que ser resueltas desde agosto en caso de que no sea factible evitar la interrupción.
La entidad resaltó que mantendrá su labor de vigilancia en aras de anticiparse a cualquier riesgo.
