Entre los investigados están Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo y Juan Diego Muñoz. La investigación se relaciona con presuntos ofrecimientos de contratos a cambio de respaldar operaciones de crédito público en el Congreso. Uno de los proyectos bajo investigación está ubicado en Saravena, Arauca.
La Corte Suprema de Justicia negó varias solicitudes de nulidad presentadas por congresistas y excongresistas investigados por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La decisión se conoció durante la audiencia preparatoria de juicio realizada el 20 de octubre de 2026, en la que comparecieron Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo y Juan Diego Muñoz.
Entre las solicitudes rechazadas estuvieron las promovidas por Manzur y la defensa de Muñoz, que cuestionaban la reasignación interna del proceso y alegaban un presunto desconocimiento del principio del juez natural.
La Corte también negó otras peticiones de nulidad presentadas por las defensas de Liliana Bitar, Karen Manrique y Juan Diego Muñoz, relacionadas con las reglas de actuación de los conjueces en corporaciones judiciales y su intervención en el conocimiento del caso.
Los presuntos ofrecimientos bajo investigación
La investigación se centra en hechos que habrían ocurrido durante el segundo semestre de 2023, cuando los implicados integraban la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
Según la hipótesis de la Fiscalía, los congresistas habrían aceptado promesas remuneratorias presuntamente ofrecidas por funcionarios del Ministerio de Hacienda a cambio de respaldar operaciones de endeudamiento sometidas a consideración de esa comisión.
Los hechos estarían relacionados con tres proyectos de obra e interventoría de la UNGRD, ubicados en Cotorra, Córdoba; Saravena, Arauca; y El Carmen de Bolívar, Bolívar.
De acuerdo con lo expuesto durante la diligencia, los ofrecimientos se habrían concretado en tres encuentros realizados los días 5 y 6 de diciembre de 2023. Los proyectos habrían sido seleccionados previamente y su contratación se habría ofrecido como contraprestación por el respaldo a las operaciones de crédito público.
¿Cómo se habrían distribuido los proyectos?
De acuerdo con la investigación, los presuntos ofrecimientos se habrían relacionado con los siguientes congresistas:
• Proyecto en Cotorra, Córdoba: Wadith Manzur, Julián Peinado y Liliana Bitar.
• Proyecto en Saravena, Arauca: Karen Manrique y Juan Diego Muñoz.
• Proyecto en El Carmen de Bolívar, Bolívar: Juan Pablo Gallo.
La hipótesis judicial sostiene que, a cambio de esos ofrecimientos, los congresistas se habrían comprometido a emitir conceptos favorables sobre las operaciones de crédito que el entonces ministro de Hacienda sometiera a su consideración.
En los hechos también aparecen mencionados el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, el entonces ministro encargado Diego Alejandro Guevara Castañeda y la asesora María Alejandra Benavides Soto, por su presunta relación con los ofrecimientos investigados.
Los congresistas y excongresistas son procesados por el presunto delito de cohecho impropio. La negativa de las solicitudes de nulidad permite que el proceso continúe su curso, pero no constituye una declaración de culpabilidad sobre los hechos investigados.
