La extorsión se consolidó como una de las principales amenazas para la seguridad ciudadana y el desarrollo económico del país, tras registrar 111.186 casos entre 2010 y 2025 y alcanzar un máximo histórico de 13.869 denuncias en 2024, según un estudio técnico elaborado conjuntamente por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).
Aunque durante 2025 se observó una reducción del 3,2 % frente al año anterior, las cifras del primer cuatrimestre de 2026 muestran una nueva aceleración del fenómeno. Entre enero y abril se reportaron 3.936 casos a nivel nacional, un 8 % más que en el mismo periodo de 2025, lo que indica que la tendencia estructural al alza aún no ha sido revertida.
El informe revela además que las 32 ciudades capitales concentran más de la mitad del problema. En 2025 reunieron el 54,3 % de todos los casos registrados en Colombia, confirmando la transformación de la extorsión desde un delito asociado históricamente al conflicto armado rural hacia una modalidad predominantemente urbana.
La extorsión digital gana terreno
Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es el crecimiento sostenido de las modalidades digitales. Aunque la llamada telefónica continúa siendo el principal mecanismo utilizado por los delincuentes, con el 48,8 % de los casos registrados en las capitales durante 2025, las amenazas a través de redes sociales y tecnologías de la información ya representan el 18,6 % del total.
Las autoridades identifican modalidades como la sextorsión, el ransomware, las falsas encomiendas, las aplicaciones de préstamos predatorios y la suplantación mediante inteligencia artificial como algunas de las expresiones más sofisticadas de la criminalidad actual.
Cárceles y crimen organizado, factores clave
El estudio atribuye el crecimiento de la extorsión a cuatro factores estructurales: la financiación de grupos criminales mediante cobros extorsivos, la baja capacidad de control en los establecimientos penitenciarios, el uso indebido de las tecnologías de la información y el fortalecimiento del control territorial por parte de organizaciones ilegales.
De acuerdo con la investigación, cerca del 70 % de las llamadas extorsivas tendría origen en centros penitenciarios, lo que convierte a las cárceles en uno de los principales focos operativos de este delito.
Nuevos focos de preocupación
Aunque Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla concentran la mayor cantidad de casos acumulados, el informe advierte sobre incrementos significativos en ciudades intermedias como Cartagena (+93,9 %), Tunja (+76,7 %), Pasto (+37,8 %) y Sincelejo (+36,6 %) durante 2025, lo que evidencia una expansión territorial del fenómeno.
Llamado a una política nacional integral
Frente a este panorama, el DNP y Asocapitales recomendaron la formulación de un documento CONPES especializado en extorsión, con énfasis en la modalidad carcelaria y digital, que articule a entidades como el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Defensa, el INPEC, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio TIC.
Los autores concluyen que la lucha contra la extorsión debe ir más allá de la acción policial y combinar medidas de inteligencia, ciberseguridad, fortalecimiento institucional, protección a las víctimas y recuperación territorial para evitar que las organizaciones criminales sigan consolidando estructuras de poder económico y social en diversas regiones del país.
