El organismo de control identificó siete aspectos que requieren aclaraciones sobre el proceso de contratación entre EMSERPA y la empresa MOPEN S.A.S., relacionado con obras públicas financiadas con recursos de un convenio con el Ministerio de Vivienda.
La Procuraduría General de la Nación pidió suspender los pagos de un contrato de obras públicas en Arauca, por un valor superior a los $43.382 millones, mientras se esclarecen posibles irregularidades en el proceso de selección del contratista.
El negocio fue suscrito entre la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Arauca (EMSERPA) y la sociedad MOPEN S.A.S. Los recursos están relacionados con un convenio celebrado con el Ministerio de Vivienda.
La revisión del organismo de control comenzó tras una queja presentada por la Veeduría para la Transparencia Ciudadana, que también puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía, la Contraloría General de la República y la Corte Suprema de Justicia.
A partir de esa denuncia, la Procuraduría Regional de Instrucción de Arauca inició una actuación preventiva y requirió información al alcalde Juan Alfredo Quenza Ramos y al gerente de EMSERPA, Germán Javier Castro Tovar, para que entreguen documentos y aclaren las condiciones en las que se adelantó la contratación.
Entre los siete aspectos identificados por la Procuraduría figura la modalidad utilizada para escoger al contratista. El proceso se realizó mediante una invitación pública bajo un régimen especial, sin recurrir a los documentos tipo establecidos para el sector de agua potable y saneamiento básico.
Por esta razón, el organismo busca establecer si la decisión se ajustó a las condiciones pactadas con el Ministerio de Vivienda y a las disposiciones legales aplicables.
Otro de los puntos bajo revisión es el tiempo dispuesto para adelantar el proceso. Según los documentos examinados, transcurrieron pocos días hábiles entre la publicación de la convocatoria y su cierre.
La Procuraduría también solicitó explicaciones sobre los plazos otorgados para formular observaciones al proyecto de pliego y para pronunciarse frente al informe de evaluación, pues en ambos casos se habría dispuesto de apenas un día.
El organismo de control advirtió que en los registros consultados no aparecen las audiencias de asignación de riesgos ni de adjudicación, por lo que pidió aportar los soportes correspondientes y explicar las circunstancias en las que se desarrolló el procedimiento.
La revisión incluye, además, los requisitos exigidos a los participantes y la situación jurídica de la empresa seleccionada.
La actuación preventiva busca obtener claridad sobre las condiciones en las que se adjudicó el contrato y determinar si el proceso cumplió las reglas aplicables. Los cuestionamientos identificados por la Procuraduría deberán ser aclarados por los funcionarios requeridos, mientras el organismo avanza en la verificación de la documentación.
