El Gobierno, en cabeza de los ministerios de Defensa, Justicia e Interior, impugnó la decisión del juez que estableció condiciones para los bombardeos militares en zonas donde haya menores de edad.
Se trata de un freno que le buscan poner a la decisión del juzgado que permitió que continúen los bombardeos, pero impuso cinco condiciones bajo un estándar reforzado de precaución cuando exista riesgo de presencia de menores.
La impugnación busca reversar las medidas concedidas dentro de la acción de tutela, al argumentar que las entidades cumplen con las obligaciones y los protocolos necesarios para proteger a los menores en los campamentos durante las operaciones militares.
Las entidades sostienen que cumplen con las obligaciones, y que las Fuerzas Militares tienen sistemas tecnológicos y fuentes humanas de información, que pueden contribuir a establecer con anticipación, quiénes se encuentran en esos lugares.
Ahora la batuta la tiene la sala competente delTribunal Superior de Bogotá, que se encargará de revisar la decisión del juzgado de familia.
